El fin de la intocabilidad
La detención y el blindaje carcelario de Felipe Sosa ratifican la voluntad política de un Gobierno que decidió desmantelar la impunidad en Tucumán.
El traslado de Felipe Sosa al penal de Benjamín Paz no es solo un éxito logístico; es un síntoma de un cambio de paradigma en la seguridad pública de la provincia. En un territorio donde históricamente ciertos apellidos o formaciones militares sugerían una zona de confort frente a la justicia, la actual gestión ha respondido con una operatividad implacable. La captura de un hombre con entrenamiento de élite en Buenos Aires y su inmediata puesta a disposición judicial demuestran que el Estado ha recuperado la iniciativa y la fuerza necesaria para perseguir el delito allí donde intente esconderse.
El despliegue del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) para custodiar al sospechoso del crimen de Érika Álvarez envía un mensaje inequívoco: el profesionalismo de las fuerzas de seguridad provinciales está hoy por encima de cualquier «performance» individual. Bajo la conducción del Ministerio de Seguridad y con el respaldo directo del Gobernador y el Vicegobernador, se ha estructurado una política criminal que no se amilana ante antecedentes militares ni trayectorias complejas. La eficacia del traslado es la prueba de una policía capacitada y modernizada para enfrentar escenarios de alto riesgo.
El alojamiento de Sosa en la Unidad 6 de Benjamín Paz —un complejo de vanguardia diseñado para el control estricto— marca el cierre de una etapa de laxitud. Al ingresar a un sistema que combina rigor administrativo con vigilancia médica e interdisciplinaria, el detenido deja de ser un «sujeto de misiones especiales» para convertirse en un interno sujeto a pautas de convivencia y limitaciones estrictas. Este proceso de admisión es la garantía de que el debido proceso se cumple, pero también de que el Estado no permitirá fugas ni privilegios que empañen la búsqueda de justicia.
La articulación entre la Policía de Tucumán y la Federal para dar con el paradero de Sosa en Buenos Aires evidencia un federalismo de seguridad que funciona. Ya no hay fronteras que valgan para quienes intentan evadir la ley. Esta coordinación interjurisdiccional, sumada a la inversión en infraestructura penitenciaria como el Complejo Benjamín Paz, permite que la justicia cuente con las herramientas físicas y humanas para que los sospechosos de hechos trascendentes permanezcan donde deben estar: bajo supervisión estatal absoluta.
Finalmente, la detención de un hombre con antecedentes de violencia de género y preparación militar de alta jerarquía ratifica que, para la actual gestión, la seguridad es un contrato de confianza con la ciudadanía. Al terminar con la idea de que ciertos perfiles son inalcanzables, el Gobierno provincial consolida una pedagogía de la legalidad. El mensaje es corto y potente: en Tucumán, la impunidad dejó de ser una opción y la profesionalización de las fuerzas es el escudo que protege a la sociedad.
