La ley del rigor

Jaldo rompe el tabú de la minoridad y propone el encierro efectivo como respuesta a la impunidad.

Osvaldo Jaldo ha decidido llamar a las cosas por su nombre: cuando hay un muerto sobre la mesa, la discusión académica sobre la edad se vuelve un lujo de gabinete que Tucumán ya no puede pagar. El asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra no solo desnudó la crueldad de la delincuencia juvenil, sino también el agotamiento de un sistema de contención que parece diseñado para la recreación y no para la justicia. Al afirmar que «para matar no hay edad», el Gobernador interpreta el sentimiento de una sociedad que exige que el castigo guarde proporción con el daño causado.

La propuesta de habilitar un pabellón específico en la cárcel de Benjamín Paz es un giro de 180 grados en la política criminal de la provincia. Jaldo detecta con precisión el cortocircuito del sistema actual: el Instituto Roca, concebido bajo paradigmas que hoy resultan insuficientes para crímenes de sangre, es percibido más como un paréntesis recreativo que como una sanción real. El traslado del rigor penitenciario a los menores que cometen homicidios busca terminar con la «puerta giratoria» que los adultos explotan, utilizando a jóvenes como mano de obra descartable pero impune.

Este movimiento no es solo una medida de seguridad, sino un acto de reparación ética hacia las víctimas. El Gobernador asume la voz de los padres que no recuperarán a sus hijos, enfrentando las críticas de sectores que prefieren la teoría jurídica por sobre la realidad del territorio. Al proponer que los menores sientan «el rigor de la condena», el Ejecutivo tucumano no está vulnerando derechos, sino restableciendo el derecho primordial a la vida y a la justicia, enviando un mensaje claro: el Estado dejará de ser un espectador pasivo ante el asesinato.

En términos políticos, Jaldo se sitúa a la vanguardia de una discusión nacional que el Congreso aún no termina de saldar. Mientras en Buenos Aires se debaten tecnicismos, en Tucumán se adecua la infraestructura para que los jueces tengan las herramientas necesarias para encarcelar a quienes matan. Es un pragmatismo de orden que entiende que la paz social no se construye con buenos deseos, sino con la firmeza de un sistema penal que sepa distinguir entre un adolescente en conflicto con la ley y un asesino que utiliza su minoridad como escudo.

Finalmente, el proyecto de Jaldo marca un precedente de autoridad necesaria en una provincia que ha decidido no ceder más terreno ante el delito. El pabellón en Benjamín Paz simboliza el fin de la inocencia simulada. Si la madurez criminal existe para empuñar un arma y quitar una vida, el Estado debe responder con la madurez institucional de aplicar una pena que se sienta. La gestión del «cuero sobre la mesa» suma así un nuevo capítulo: el de la ley aplicada con el rigor que el dolor de las familias tucumanas exige.