El comisario llegó para poner orden
Mientras la media nacional se acomoda, la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo se anota entre las que motorizaron la baja histórica del índice de homicidios.
En el mapa del Ministerio de Seguridad Nacional, donde el verde de los descensos parece ganarle al rojo de la violencia, hay una cifra que en Tucumán se lee como un trofeo de guerra: el 2,7%. En una provincia históricamente marcada por la complejidad del delito urbano y la saturación de sus periferias, la baja de los índices criminales no es un simple desvío estadístico, sino el resultado de un giro pragmático. Tucumán ha dejado de ser el territorio del «vale todo» para convertirse en un laboratorio donde la coordinación con las Fuerzas Federales y la mano dura institucional empiezan a pagar dividendos en las planillas oficiales.
El éxito que la ministra Alejandra Monteoliva y Manuel Adorni presentaron esta semana tiene en el Jardín de la República un capítulo aparte. Mientras la nación celebra una baja del 5,6% en homicidios, Tucumán se anota en el lote de las 15 jurisdicciones que mejoraron su performance, aportando una cuota de gobernabilidad que trasciende las fronteras provinciales. Aquí, el Plan 90/10 no fue una sugerencia técnica, sino un respirador artificial para distritos que hace pocos años figuraban entre los más calientes del país. La política tucumana comprendió que, sin seguridad, no hay narrativa de desarrollo posible.
La caída de los robos —ese termómetro cotidiano que mide la salud de la calle— también muestra en Tucumán un quiebre de tendencia. La homogeneidad del descenso nacional se sintió con especial fuerza en una provincia donde el arrebato y el delito contra la propiedad eran el ruido de fondo de la vida diaria. Al alinearse con la estrategia de «decisiones basadas en evidencia», el gobierno provincial logró lo que parecía imposible: enfriar el territorio sin esperar a que las condiciones macroeconómicas hicieran el trabajo por ellos. Se trata de una victoria de la gestión pura y dura sobre la inercia del caos.
Este nuevo escenario consolida la figura de Tucumán como un aliado estratégico del Ministerio de Seguridad Nacional. La articulación no es solo de recursos, sino de lenguaje. Al adoptar la métrica del éxito —vidas salvadas, áreas liberadas del narcotráfico y reducción de la letalidad—, la provincia se despega del estigma del rezago para liderar la estadística regional. Es el triunfo del orden como valor social, una demanda que la sociedad tucumana venía gritando y que hoy encuentra en los números de 2025 una respuesta concreta.
La apuesta ahora es la sostenibilidad. El «efecto Tucumán» demuestra que, cuando el despliegue territorial es preciso y la voluntad política no flaquea, los índices ceden. La provincia ya no es noticia por sus tragedias, sino por su capacidad de integrarse a un modelo nacional que premia la eficiencia. En el tablero de la seguridad argentina, Tucumán ha pasado de ser un problema crónico a un ejemplo de recuperación, demostrando que incluso en los rincones más complejos, el control del Estado es una meta alcanzable.
