La frontera del ajuste
Los gobernadores del Norte ensayan un equilibrio imposible entre la institucionalidad y un ajuste nacional que ya perfora el piso de los servicios esenciales.
El encuentro en la Casa de Salta no fue una cumbre de sedición, sino un cónclave de realismo. Osvaldo Jaldo personifica hoy ese peronismo territorial que, lejos de la pirotecnia discursiva de las metrópolis, elige la responsabilidad de la gestión como última trinchera. La presencia del ministro Diego Santilli en la mesa confirma que el diálogo es la herramienta, pero el mensaje de los mandatarios fue inequívoco: la «colaboración» tiene como límite el hambre de las arcas provinciales, hoy amenazadas por un Gobierno nacional que parece desconocer las fronteras de la General Paz.
La advertencia de Jaldo sobre la caída de la recaudación del IVA y el impacto de la reforma laboral en Ganancias no es un lamento, sino una descripción técnica del abismo. Mientras la Casa Rosada acelera un plan de reformas con la ceguera propia de quien solo mira el déficit cero en un monitor, las provincias del Norte enfrentan la realidad del consumo derrumbado. Reducir alícuotas en este contexto de recesión es, lisa y llanamente, desfinanciar la salud, la educación y la seguridad de los tucumanos para cerrar una planilla en Buenos Aires.
El «margen cero» del que habla el gobernador Jaldo es la respuesta política a una gestión nacional que ha decidido tercerizar el costo del ajuste. Los gobernadores han dado sobradas muestras de gobernabilidad, acompañando leyes y facilitando el tránsito institucional, pero esa predisposición no puede ser confundida con un cheque en blanco. La Nación debe entender que el equilibrio fiscal nacional no puede construirse sobre el desequilibrio financiero de las provincias; el federalismo no es una concesión graciosa, es un contrato de supervivencia mutua.
El reclamo por medidas de compensación es, en el fondo, un pedido de equidad frente a una mirada centralista que prioriza la macroeconomía teórica sobre la microeconomía de la gente. Jaldo, Sáenz y Jalil actúan como el último dique de contención: buscan previsibilidad en un escenario de incertidumbre donde el Gobierno nacional amaga con retirar el cuerpo de sus obligaciones básicas. Sin recursos coparticipables, el desarrollo de las economías regionales es una utopía y la prestación de servicios esenciales, un desafío diario para el cual ya no queda resto.
Finalmente, la política se mide por los resultados y por la capacidad de proteger lo propio. La postura de Tucumán es clara: hay voluntad de ayudar, pero la Nación debe empezar a cumplir. El tiempo de las promesas de «derrame» se agota frente a la urgencia de una recaudación que no levanta. Si el Gobierno nacional persiste en su intransigencia fiscal, se encontrará con un Norte que, aunque dialoguista, no está dispuesto a sacrificar el bienestar de su pueblo en el altar de una reforma laboral que solo parece restar.
