El desierto coparticipable
La reforma laboral del Ejecutivo nacional esconde un ajuste fiscal sobre las provincias que amenaza con desarticular la gestión cotidiana del interior.
El federalismo argentino parece haberse convertido en un ejercicio de equilibrismo donde el hilo siempre se corta por el lado de las provincias. El proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional empuja en el Congreso no es solo un cambio en las reglas del trabajo; es, fundamentalmente, un saqueo silencioso a las cajas provinciales. Al reducir el Impuesto a las Ganancias para las empresas, la Casa Rosada no solo «alivia» a los sectores más concentrados de la economía, sino que le quita a Tucumán la friolera de $79.536 millones anuales, una cifra que no es un simple número macroeconómico, sino el sueldo de los médicos, las naftas de los patrulleros y el mantenimiento de las escuelas.
La trampa es técnica pero el efecto es político: se desfinancia lo público para subsidiar la rentabilidad privada. Según los datos que circulan en los pasillos legislativos, esta medida beneficia apenas al 1% de las sociedades, que explican el grueso de la recaudación, mientras traslada el costo del «ajuste» a los distritos del NOA. Para Tucumán, el impacto es una herida de gravedad en su presupuesto, ubicándola entre las jurisdicciones más castigadas del país. Es la vieja receta del centralismo porteño: decisiones tomadas en despachos con aire acondicionado en Capital Federal que terminan provocando sequía financiera en el Jardín de la República.
Osvaldo Jaldo ha tenido que calzarse el traje de negociador duro, consciente de que la gobernabilidad no se sostiene solo con buenos modales, sino con previsibilidad fiscal. El planteo de los gobernadores del Norte Grande es de un pragmatismo absoluto: no hay acompañamiento legislativo sin mecanismos de compensación. La política, en este esquema, ha dejado de ser una discusión de ideales para transformarse en una aritmética de supervivencia donde cada punto de coparticipación se defiende como una trinchera.
El uso discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —donde Tucumán recibió una asistencia importante— funciona como un analgésico, pero no cura la enfermedad estructural. Depender de la voluntad del Ministro del Interior de turno para pagar las cuentas corrientes es la antítesis del federalismo consagrado en la Constitución. La Casa Rosada pretende que las provincias firmen un cheque en blanco a favor de las grandes empresas, mientras el interior asume el costo de la degradación de sus servicios esenciales.
Si el Gobierno nacional persiste en ignorar que la Argentina termina mucho más allá de la General Paz, se encontrará con un muro en el Senado. No se trata de una rebeldía caprichosa, sino de la defensa de un tejido social que ya no resiste más transferencias de recursos hacia el centro del poder. La reforma laboral, tal como está planteada, es un ajuste por encargo que Tucumán no puede, ni debe, financiar con el hambre de su presupuesto.
