La caja o el desierto
El destino de la reforma laboral libertaria se juega en un regateo de ventanilla entre la Casa Rosada y las cajas provinciales.
La política argentina ha mutado en una contabilidad de guerra donde la ideología se rinde ante el Excel. La reforma laboral, ese fetiche de modernización que el gobierno de Javier Milei intenta empujar en el Senado, no se debate hoy en términos de derechos adquiridos o productividad, sino en la ruda aritmética del federalismo fiscal. El oficialismo, con Patricia Bullrich como mariscal de campo en el recinto, ha chocado con una realidad de hierro: la «ancha avenida del medio» no es una construcción discursiva, sino un bloque de veintiún senadores que esperan la señal de sus gobernadores para saber si el costo de la reforma no terminará por quebrar sus propias administraciones.
El nudo gordiano es el impuesto a las Ganancias. La propuesta de reducir la alícuota del 35% al 31% para incentivar el empleo en blanco funciona como una zanahoria para el sector privado, pero como un garrotazo para las provincias. En un contexto de recesión profunda y caída vertical del IVA por el desplome del consumo, mandatarios como el tucumano Osvaldo Jaldo ya advirtieron que no hay más margen para el sacrificio. Para las provincias, aceptar la reforma sin una compensación directa —la famosa «llave» que hoy custodia Luis Caputo— equivale a un desfinanciamiento de tres billones de pesos que pondría en jaque el pago de salarios públicos.
Esta negociación expone la fragilidad de la «mesa de arena» libertaria. Mientras el Ejecutivo confía en que el peso de la opinión pública fuerce a los legisladores, los gobernadores operan con la lógica de la supervivencia territorial. El Senado se ha convertido en un mercado de influencias donde conviven peronistas díscolos, radicales sin techo y fuerzas provinciales que, como los patagónicos Torres o Vidal, han aprendido que en la era de la motosierra, la única moneda de cambio válida es el voto en el recinto. La reforma tiene el visto bueno en general, pero el Diablo, como siempre, habita en el articulado particular.
El escenario de tercios en la Cámara Alta —26 a favor, 25 en contra y 21 indecisos— refleja la parálisis de un sistema que no termina de digerir el nuevo esquema de poder. Si la Casa Rosada no ofrece una compensación por la merma en la coparticipación, el proyecto corre el riesgo de naufragar o, peor aún, de salir del Senado convertido en un híbrido que no conforme ni a las empresas ni a los gremios. La intransigencia retórica de Milei se enfrenta aquí a la praxis de un Diego Santilli que debe suturar heridas con los mandatarios, mientras el Palacio de Hacienda cuida cada centavo de un superávit que se construye, en gran medida, sobre el ajuste a las provincias.
Finalmente, la suerte de la ley dependerá de si el Gobierno entiende que el federalismo en Argentina es, antes que nada, un pacto fiscal de no agresión. La reforma laboral es la prenda de paz o el motivo de la ruptura definitiva. Si la Casa Rosada persiste en el purismo fiscal sin atender el reclamo de los gobernadores, la «avenida del medio» se transformará en un muro infranqueable. En la política de la necesidad, la convicción suele terminar donde empieza el déficit fiscal, y hoy todos los senadores están, como jugadores de póker, esperando que el Ejecutivo muestre su primera carta real: el dinero.
