La estadística de los espejismos

Tras el descabezamiento del INDEC, el Gobierno fabrica un número de pobreza a medida para ocultar el fracaso social y posterga el nuevo índice de precios por miedo a la realidad.

La renuncia de Marco Lavagna no es un recambio técnico, es la intervención de hecho del último bastión de credibilidad estadística que quedaba en pie. Al forzar su salida para frenar un nuevo índice de precios que reflejaría con mayor crudeza el costo de vida actual, el Gobierno ha decidido que, si la realidad no se ajusta al relato, lo que hay que cambiar es el termómetro. La cifra de pobreza del 26,9% lanzada por el Ministerio de Capital Humano es un artefacto de propaganda: una proyección optimista basada en datos ajenos, diseñada para compensar el vacío de autoridad de un INDEC descabezado y el temor de Luis Caputo a que una metodología moderna desnude que la desinflación es, en realidad, un estancamiento con precios de primer mundo.

El cinismo oficial alcanza su pico al postergar la actualización de la canasta del IPC —basada en consumos de hace veinte años— bajo la excusa de esperar a que la inflación esté «consolidada». Es la confesión de una debilidad: el modelo solo sobrevive si se mide con reglas obsoletas que subestiman el peso de los servicios y la tecnología en el bolsillo de los trabajadores. Mientras Pettovello celebra una baja de la pobreza de 11 puntos, el ciudadano de a pie se enfrenta a un país donde ser pobre ya no es solo no tener ingresos, sino haber perdido la capacidad de planificar el mañana frente a un Estado que manipula las cifras para que el ajuste parezca un milagro.

La narrativa de la «estabilización» se choca con la violencia de una gestión que prefiere intervenir organismos antes que aceptar que su plan económico ha pulverizado el consumo de las clases medias. Al utilizar al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para «estimar» la pobreza, el Gobierno rompe la tradición republicana de la autonomía estadística y vuelve a los años más oscuros de la manipulación de datos. Es un populismo de derecha que, en su afán por mostrar una «firme tendencia a la baja», termina construyendo un país de fantasía donde la indigencia cae por decreto mientras los comedores siguen desabastecidos de manera directa y transparente.

Esta «pobreza de diseño» del 26,9% es el escudo detrás del cual el oficialismo intenta esconder el impacto de una recesión que no encuentra piso. Si la inflación fuera realmente la que dicen las planillas oficiales, no habría necesidad de frenar el nuevo índice de la ENGHo 2017/2018; el miedo a la nueva medición es el miedo a que se descubra que la canasta básica actual es un traje que ya no le queda a nadie. La renuncia de Lavagna es el fin de la tregua: a partir de ahora, los números de la Argentina no serán un reflejo de su economía, sino un anexo de la cuenta de X de los funcionarios de turno.

Finalmente, el desplazamiento del INDEC hacia la órbita del deseo político de la Casa Rosada condena al país a la ceguera técnica. Sin estadísticas confiables, no hay política pública posible, solo marketing de la carencia. Mientras el Ministerio de Capital Humano se autopremia con gráficos de barras descendentes, la realidad social se encarga de desmentir cada décima: un país no sale de la pobreza porque un funcionario decida proyectar un número, sino porque su población puede comprar pan, pagar la luz y educar a sus hijos, tres derechos que hoy valen mucho más de lo que cualquier índice intervenido se atreve a confesar.