La tentación del abismo naranja
El RIGI y el sueño del cobre configuran la nueva frontera de una Argentina que apuesta al enclave extractivo como tabla de salvación.
La Cordillera de los Andes no es solo un límite geográfico; es el archivo de nuestras frustraciones y la última gran promesa de una moneda que ya no tenemos. En las alturas de San Juan, donde el oxígeno es un privilegio y el paisaje se vuelve lunar, el proyecto Vicuña asoma no como una simple mina, sino como la vanguardia de una Argentina que ha decidido abrazar el «capitalismo de enclave» sin mediaciones. La alianza entre la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, bendecida por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), proyecta un desembolso de 15.000 millones de dólares que busca sacar al país del ostracismo minero para convertirlo en el socio silencioso de la transición energética global.
El despliegue en Filo del Sol y Josemaría es una ciudad efímera montada sobre el vacío: gimnasios 24 horas, internet de alta velocidad y logística de precisión a 5.000 metros de altura, financiados por el hambre de cobre de una China que espera al otro lado del Pacífico. Es la estética de la eficiencia aplicada a la geología, una burbuja de desarrollo que funciona con 14 días de esfuerzo y 14 de descanso, mientras abajo, en el llano, la política discute leyes de glaciares y soberanía hídrica. La paradoja es total: para salvar el planeta con autos eléctricos y paneles solares, necesitamos perforar el último refugio del silencio andino, importando agua desalinizada porque la cordillera, golpeada por el calentamiento global, ya no da de beber.
El regreso del cobre, ausente desde el cierre de La Alumbrera, se presenta como el «segundo campo», esa mítica fuente de divisas que permitiría estabilizar la macroeconomía argentina sin depender de la lluvia. Pero la historia nos enseña que el extractivismo de alta montaña suele dejar infraestructuras que miran hacia afuera —caminos que terminan en puertos, vías ferroviarias que conectan el tajo con el mundo— antes que integrar regiones. San Juan se convierte así en el laboratorio de un modelo donde el Estado cede terreno y normas ambientales en pos de una «certeza jurídica» que solo el gran capital puede comprar, delegando en las provincias el control de sus propios hielos.
Detrás de la épica de las máquinas perforadoras y los campamentos de lujo, subyace una pregunta sobre la naturaleza del desarrollo nacional. El RIGI garantiza que los dólares entren, pero también asegura que el circuito de valor sea lo más corto posible, una línea recta que va de la roca al barco. La minería a gran escala es, por definición, una actividad de capital intensivo y mano de obra específica; un mundo de 400 empleados directos que manejan recursos capaces de mover el PBI de un país pequeño, mientras el debate legislativo sobre los glaciares se convierte en un trámite administrativo para no molestar a los inversores.
La Argentina de 2026 parece haber encontrado en el cobre su nueva «pampa húmeda» mineral, una oportunidad estratégica frente a la demanda de la Inteligencia Artificial y la descarbonización. Sin embargo, la apuesta es arriesgada: estamos canjeando autonomía regulatoria por la ilusión de un derrame que, en la minería de altura, suele quedarse atrapado en las nubes. Si Vicuña es el futuro, es uno donde el territorio se mide en toneladas de concentrado y la soberanía se discute en los términos de una declaración de impacto ambiental escrita por las mismas empresas que vienen a ejecutarla.
