Aduanas ideológicas
El desembarco de las plataformas asiáticas, como Temu, pone a prueba la fe liberal de la industria local.
El grito de guerra por la libertad económica en Argentina parece haber encontrado su primer límite físico: la frontera de los depósitos fiscales. Resulta sintomático que el entusiasmo desregulador se transforme en cautela técnica cuando la competencia deja de ser un PowerPoint de teoría austríaca y adquiere la forma de un paquete de Temu o AliExpress. La tensión entre el gigante regional Mercado Libre y los nuevos jugadores globales expone una fractura expuesta en el bloque de poder: la distancia insalvable que existe entre defender el libre mercado y defender, simplemente, a los mercaderistas.
Para los lectores de Ludwig von Mises, la situación no admite grises. El empresario no es un monarca con derechos adquiridos, sino un piloto que debe renovar su licencia de conducir cada mañana. En la democracia del consumo, el único soberano es el cliente, ese «jerarca egoísta» que no premia inversiones pasadas ni trayectorias patrióticas, sino la eficiencia del presente. Si el consumidor decide que su bienestar está en un producto que viaja 18.000 kilómetros, cualquier intento de obstruir ese flujo es, en esencia, un acto de autoritarismo contable que busca rescatar al empresario de su propia obsolescencia.
La utilización de metáforas políticas para describir el éxito comercial suele ser una trampa retórica peligrosa. Llamar «unicornio» o «rey» a un empresario local sugiere una soberanía que, en el mercado, es inexistente. Un «rey del comercio» no gobierna a sus clientes; se arrodilla ante ellos. Su relevancia social dura exactamente lo que tarda el usuario en hacer clic en otra pestaña. Por eso, pedir que el Estado funcione como un filtro selectivo para la competencia extranjera no es proteger la economía nacional, sino desoír la voluntad del único capitán legítimo: el ciudadano con un centavo en el bolsillo.
En este escenario, el riesgo es la mutación del discurso hacia un cinismo práctico: «viva la libertad, pero muera la competencia». Los sistemas dirigistas no son solo aquellos donde el Estado lo ocupa todo, sino también aquellos donde los grupos de presión logran blindar sus privilegios bajo el disfraz del interés general. La libertad, si es que el término aún conserva alguna pureza en el debate público argentino, exige aceptar que el éxito de ayer no garantiza la rentabilidad de mañana. La protección política es la confesión de una derrota competitiva.
El desafío para los grandes actores locales no es cabildear regulaciones en los despachos oficiales, sino revalidar su mandato en el tribunal cotidiano del consumo. No se puede reclamar libertad para operar y, simultáneamente, exigir que se limite la libertad de elección del prójimo. Si el modelo es la apertura, el costo es la intemperie. Cualquier intento de frenar la entrada de nuevos jugadores mediante la intervención estatal es una traición a los principios que dicen defender; es, en última instancia, pretender que el soberano sea el dueño de la plataforma y no el hombre común que la utiliza.
