El costo de la desobediencia
La confirmación judicial del financiamiento universitario expone el límite del voluntarismo fiscal frente a la arquitectura legal del Estado.
El fallo de la Cámara Federal no es solo una derrota administrativa para La Libertad Avanza; es un recordatorio de que el déficit cero no constituye una fuente de derecho superior a la ley. Al calificar como «poco serios» los argumentos oficiales, la Justicia desnuda una praxis política que confunde la legitimidad de origen con la facultad de ignorar al Congreso. Para el ecosistema universitario, la sentencia opera como un respirador artificial en un contexto donde el deterioro salarial —una pérdida equivalente a siete sueldos en dos años— ya no se mide en porcentajes, sino en la viabilidad misma de las aulas.
La insistencia oficial en el impacto fiscal choca contra la aritmética de la Oficina de Presupuesto del Congreso: un 0,23% del PBI no desestabiliza una macroeconomía, pero su ausencia sí desarticula un sistema científico. La narrativa del «no hay plata» revela aquí su naturaleza selectiva. Mientras el Ejecutivo se abraza a la austeridad para las becas de 35.000 pesos, la propia Justicia advierte que el ahorro es «poco significativo» en términos globales, lo que desplaza la discusión del terreno contable al de la voluntad política de asfixia institucional.
La estrategia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema aparece más como una táctica dilatoria que como una defensa jurídica sólida. Como bien señala el arco académico, las cautelares no suelen ser materia de revisión para el máximo tribunal por no ser sentencias definitivas. Al estirar la cuerda, el Gobierno no solo arriesga el «derecho a enseñar y aprender» —fórmula que los jueces utilizaron con peso simbólico—, sino que se asoma al abismo del incumplimiento de los deberes de funcionario público en una pulseada que ya perdió en el Palacio y ahora en Tribunales.
En el territorio, la realidad es de una precariedad absoluta. Con los salarios universitarios en su nivel más bajo en 23 años, el conflicto ha dejado de ser una puja gremial clásica para transformarse en una resistencia por la supervivencia. El dato de la Universidad de General Sarmiento es demoledor: el Estado dejó de recaudar el doble de lo que cuesta la ley de financiamiento mediante beneficios fiscales otorgados en otras áreas. Esa asimetría es la que alimenta la «provocación» que denuncian rectores y sindicatos, unificando a un frente universitario que suele ser heterogéneo.
Finalmente, el escenario plantea una paradoja para el modelo libertario. Al intentar gobernar mediante el desdén por las normas aprobadas y ratificadas, termina judicializando su propia gestión y otorgándole a la magistratura el rol de árbitro de la política pública. Si la pelota está en el campo de Milei, el tiempo corre en contra de una gestión que, en su afán de disciplinamiento fiscal, está logrando lo que pocos consiguen: una cohesión total del sistema educativo en las calles y un reproche técnico unánime en los despachos judiciales.
