El banquete de las sombras
La media sanción de la reforma laboral consagra un reformismo de madrugada donde la precariedad se negocia como botín entre el oficialismo y una periferia de gobernadores necesitados.
El Senado de la Nación funcionó esta semana como un mercado persa de urgencias fiscales y revanchismos ideológicos. En esa penumbra de las 00:36 AM, donde los textos aparecen cuando los discursos mueren, el oficialismo parió una reforma laboral que no busca la modernización, sino la capitulación de la previsibilidad. La victoria libertaria no se explica por la prepotencia de las ideas, sino por la fragmentación del sistema: una Patricia Bullrich que oficia de gerenta de la escasez y un pelotón de gobernadores que entregaron derechos a cambio de retener puntos de coparticipación. El resultado es un Frankenstein jurídico redactado a escondidas, mientras afuera la represión marcaba el pulso de una democracia que se vuelve sorda a medida que se vuelve nocturna.
La arquitectura de la ley revela una obsesión por el desguace. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), defendido con balbuceos técnicos por la juventud oficialista, se presenta como el «canal de despidos» que soñó el capital financiero: una timba de administradoras privadas que reemplaza la indemnización por la incertidumbre. Ya no se trata de proteger al trabajador ante la contingencia, sino de financiar el costo de su salida con su propio esfuerzo acumulado. Como en la década del noventa, el lenguaje de la «libertad» se utiliza para encubrir la transferencia de riesgo del empleador al empleado, con el agravante de que esta vez el Estado ni siquiera simula ser un árbitro neutral.
El peronismo, por primera vez en mucho tiempo, mostró una cohesión de bloque que parece más un refugio defensivo que un proyecto de alternativa. El rechazo sin fisuras del interbloque conducido por Mayans marca la cancha de una resistencia institucional, pero deja al descubierto la soledad de una narrativa que no logra permear en los gobernadores del «centro» y el «norte», esos que prefieren salvar sus cajas provinciales antes que el estatuto del peón. La caída del impuesto a las ganancias como moneda de cambio fue el clavo final: la política argentina se ha reducido a una aritmética de supervivientes donde el salario es la variable de ajuste para que cierren las cuentas de las provincias.
Las modificaciones de «última hora» son el retrato de un corporativismo que se resiste a morir mientras entrega el resto. La CGT salvó la caja de los aportes solidarios, una pequeña victoria institucional para la burocracia que contrasta con la derrota cultural de la ultraactividad y la precarización de las licencias médicas. Es el sindicalismo negociando el derecho a existir mientras acepta que el derecho a trabajar sea, en palabras de Bullrich, un «acto de riesgo». En este esquema, el trabajador es visto como un litigante en potencia, un peligro que debe ser domesticado mediante cuotas para pagar sentencias y juntas médicas tercerizadas.
Lo que queda es un país donde la ley se discute bajo el signo del secretismo y el apuro. La transferencia de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires es el regalo final para el tándem Milei-Macri, una garantía de impunidad jurisdiccional para las empresas radicadas en el puerto. El oficialismo celebra su primera victoria en sesiones extraordinarias no como un avance hacia el progreso, sino como la demolición de un consenso social que duró casi un siglo. En la Argentina de hoy, la libertad avanza, pero siempre lo hace de madrugada, con el diario del lunes ya escrito y las manos de los trabajadores cada vez más vacías.
