El límite de la paciencia
La política argentina ensaya una respuesta penal a la exclusión social mientras delega en las provincias la gestión del encierro adolescente.
Hay una gestualidad en el Congreso que parece buscar más el impacto en el algoritmo que la eficacia en el territorio. La media sanción para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años se presenta como un triunfo del «sentido común» frente a una inseguridad que agobia, pero lo hace con la fragilidad de quien construye un edificio sin cimientos. El Gobierno logró amalgamar una mayoría que va desde el núcleo duro libertario hasta sectores del peronismo federal, bajo una premisa que suena lógica en la urgencia pero que se vuelve vidriosa en la práctica: que el castigo temprano es, por sí solo, una herramienta de orden.
La negociación parlamentaria obligó a moderar las pretensiones originales de los 13 a los 14 años y a recortar las penas máximas, en un ejercicio de realismo político que permitió alcanzar los 149 votos. Sin embargo, esa moderación en el texto no oculta la carencia de un plan integral. Como bien señaló Miguel Ángel Pichetto, estamos ante una ley que nace con «recursos insignificantes». Se legisla la punición, pero se esquiva el financiamiento para la infraestructura educativa y los centros especializados que deberían diferenciar a un menor de un adulto. Sin plata, la reforma corre el riesgo de ser solo un cambio de etiquetas en expedientes judiciales que terminarán amontonados.
El debate dejó al desnudo la grieta de siempre: la de un Estado que llega cuando el conflicto ya estalló. Mientras el oficialismo defiende la norma como un paso necesario para reparar a las víctimas y terminar con la impunidad, las voces críticas advierten sobre la criminalización de la pobreza en un país con indicadores de vulnerabilidad infantil alarmantes. El problema no es solo si un chico de 14 años comprende la criminalidad de sus actos —un debate técnico y jurídico válido—, sino qué herramientas ofrece el sistema para que ese chico no sea, años después, un adulto graduado en el sistema carcelario.
La jornada cerró con los cruces de rigor, recordatorios de la dictadura y chicanas sobre el pasado, que operan como un ruido de fondo que distrae del nudo gordiano: la gestión de la marginalidad. La diputada Rodríguez Machado tuvo que aclarar sobre la marcha que los menores no compartirán celdas con adultos, una precisión necesaria ante un dictamen que llegó al recinto con errores de tipeo y desprolijidades. Esa precariedad técnica es el espejo de una política que corre detrás de la demanda social de seguridad, pero que se queda sin aliento a la hora de diseñar políticas de prevención o reinserción.
Al final, la «victoria» legislativa es un cheque en blanco que ahora pasa al Senado y, eventualmente, a las provincias. El riesgo de estas leyes de «efecto» es que calman la ansiedad pública por un instante, pero dejan el problema intacto. Si la baja de la imputabilidad no viene acompañada de una inversión real en el tejido social y en edificios adecuados, solo estaremos moviendo la frontera del conflicto un poco más abajo, sin resolver el porqué un adolescente elige, o es empujado, a cruzarla.
