El orden como reparación
Con la creación del Instituto Cura Brochero, la gestión de Osvaldo Jaldo clausura la etapa de la impunidad biológica para devolverle al Estado su autoridad frente al crimen.
En política, el coraje suele medirse por la capacidad de nombrar lo que otros prefieren ignorar: que el documento de identidad no puede ser un salvoconducto para la muerte. Al anunciar la creación del pabellón para menores en Benjamín Paz, el Gobierno de Tucumán rompe con una inercia de décadas donde el garantismo abstracto terminaba siendo el mejor aliado de quienes utilizan la edad como un escudo para el delito. Jaldo no solo firma un decreto; está firmando un nuevo pacto de confianza con una ciudadanía que exige que la ley deje de ser una sugerencia y vuelva a ser un límite infranqueable.
La decisión responde a un realismo necesario que separa la paja del trigo. Mientras el Instituto Roca queda como un espacio de clasificación y contención primaria, Benjamín Paz se erige como la respuesta específica para los delitos de sangre. No se trata de una medida reactiva, sino de un acto de justicia hacia las víctimas, como Rodrigo Joaquín Ibarra, cuyos nombres suelen quedar olvidados en los tratados de sociología criminal. Si el Estado no ofrece una condena que se sienta como tal, lo que está ofreciendo es una invitación a la repetición.
El enfoque es integral y elude cualquier simplismo: el nuevo instituto no es un calabozo más, sino un espacio diseñado con equipos interdisciplinarios, médicos y docentes bajo la órbita de Desarrollo Social. La inteligencia del proyecto reside en entender que la firmeza no es incompatible con la humanidad. Al separar a los menores del resto de la población carcelaria y dotarlos de preceptores civiles en lugar de guardias tradicionales, el Gobierno garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales sin renunciar a la severidad que el caso amerita.
Tucumán se posiciona hoy como un modelo de gestión en seguridad que los números nacionales ya empiezan a reconocer. El descenso en la tasa de homicidios no es fruto del azar, sino de una política carcelaria ambiciosa que entiende que la paz social se construye con infraestructura y decisiones políticas claras. En este esquema, el Instituto «Cura Brochero» cumple una función pedagógica fundamental: el Estado ha recuperado la facultad de distinguir entre quien necesita una oportunidad y quien, habiendo cruzado la línea del homicidio, debe enfrentar el peso de la autoridad pública.
Bautizar este espacio con el nombre del santo argentino no es una ironía, sino una declaración de principios sobre la redención a través del orden. Brochero no solo predicaba, sino que construía caminos para conectar a los olvidados; Jaldo construye instituciones para reconectar al Estado con su función primaria: proteger la vida. Es una política de rostro humano pero de mano firme, que asume que la verdadera reinserción social solo es posible cuando primero se establece, con claridad meridiana, que el crimen en Tucumán ha dejado de ser gratuito.
