El palacio de las puertas pesadas
El caso Érika Álvarez pone a prueba la capacidad de respuesta de una Justicia que lidia con sus propios tiempos y jerarquías.
La detención de Justina Gordillo, funcionaria de la Corte Suprema local, ha introducido una tensión inevitable entre los poderes del Estado. El gobernador Osvaldo Jaldo, en un gesto de pragmatismo político, decidió marcar la cancha: la celeridad judicial no es un lujo, sino una demanda social en un caso que sacude la sensibilidad pública. Para el Ejecutivo, la demora de tres días en autorizar medidas que la Policía ya consideraba urgentes no es una cuestión de rigor procesal, sino un obstáculo que desgasta la eficacia de la investigación en sus horas más críticas.
El desfile de cuatro fiscales en menos de un mes por el mismo expediente revela una fragilidad institucional que va más allá de la organización de las ferias judiciales. Esta rotación, aunque legal, conspira contra la «memoria» de la causa y dilata la toma de decisiones complejas. En un escenario donde el principal sospechoso ya fue capturado con pasaporte en mano, cualquier vacilación en las líneas que involucran a miembros del propio sistema judicial genera un ruido que el Gobierno no está dispuesto a ignorar, especialmente cuando el fantasma de la impunidad histórica sobrevuela el imaginario tucumano.
La investigación policial, que logró reconstruir los movimientos de la funcionaria mediante cámaras y testimonios, sugiere una trama de complicidades que excede el crimen pasional para asomarse a los márgenes del narcomenudeo. La Justicia ordinaria enfrenta ahora el desafío de investigar «hacia adentro», despojándose de las inercias corporativas que suelen proteger a los propios. La detención en un barrio privado y el secuestro de vehículos de alta gama no son solo detalles policiales; son señales de un ecosistema que demanda una vigilancia más estricta por parte de los organismos de control.
El llamado de Jaldo a la cúpula policial y su mensaje directo a los jueces buscan alinear las voluntades en un momento de crisis. No se trata de una intervención directa, sino de una exigencia de reciprocidad: si el Estado provincial invierte recursos y la Policía aporta los indicios, el Poder Judicial debe actuar como el motor que valide ese esfuerzo en tiempo y forma. La sospecha de que hubo participación de terceros y conexiones con otras actividades ilícitas obliga a una apertura total de las líneas investigativas, evitando que el expediente se estanque en formalismos técnicos.
La resolución de este caso marcará el pulso de la relación entre la política y la justicia en los próximos meses. La transparencia en el proceso contra Gordillo será el termómetro con el que la sociedad mida la salud de sus instituciones. Como bien señala la máxima criminalística, el tiempo que se pierde es terreno que gana la sombra; por eso, el desafío actual no es solo encontrar la verdad, sino hacerlo con la rapidez necesaria para que la justicia sea, efectivamente, un acto de reparación y no un simple trámite administrativo.
