El sueño de la casa propia (con el IVA de los otros)
La casta libertaria descubre los beneficios de la banca pública mientras ensaya una ética del sacrificio para el resto de los mortales.
Hay una estética de la transparencia que el oficialismo maneja con destreza de prestidigitador: el dato duro como escudo contra la sospecha política. Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero, conversos de la primera hora al calor de las fuerzas del cielo, se defienden del «festival de créditos» del Banco Nación alegando la normalidad del mercado. Para ellos, haber obtenido hipotecas de 250 millones de pesos es apenas un subproducto del «virtuoso proceso desinflacionario». Sin embargo, la frialdad del UVA no logra congelar la pregunta obvia: ¿por qué el banco que Milei quiso privatizar terminó siendo la inmobiliaria de lujo para sus cuadros legislativos?
La política argentina tiene una larga tradición de usar el crédito público como lubricante de voluntades. Lo que resulta disruptivo en la era de la motosierra no es el beneficio en sí, sino el cinismo de la justificación técnica. Mientras el ciudadano de a pie computa el costo del transporte y los servicios, los «radicales con peluca» y los cuadros de la Fundación Libertad acceden a la ventanilla oficial con una agilidad que envidiaría cualquier pyme del interior. No se trata de un delito tipificado, sino de algo más corrosivo: la consolidación de una elite que predica el desamparo estatal mientras se resguarda en sus instituciones.
El caso de Bongiovanni es sintomático de esta doble identidad. Sobrino del establishment liberal santafesino, su salto del PRO a las huestes de Milei coincide, sospechosamente, con la maduración de sus trámites bancarios. La defensa del diputado —»no me voy a dejar psicopatear»— intenta clausurar el debate moral con una categoría psicológica, eludiendo la interpelación sobre el uso de recursos de un Banco Nación que, según el propio programa oficial, debería ser una anomalía a extinguir. La coherencia, ese viejo fetiche de la política analógica, ha sido reemplazada por la eficiencia del beneficio personal.
La interpelación impulsada por Esteban Paulón pone el dedo en la llaga administrativa: ¿hubo dictámenes técnicos desfavorables que fueron salteados por el directorio de Daniel Tillard? Si el Banco Nación actuó como una financiera de nicho para legisladores que votan vetos contra jubilados y universidades, el relato del «ajuste parejo» se desmorona. No es solo una cuestión de tasas de interés; es la arquitectura de un privilegio que se financia con el ajuste que esos mismos beneficiarios aplauden desde sus bancas.
Al final del día, el escándalo revela la verdadera cara de la gestión libertaria: un pragmatismo feroz donde lo público es un estorbo para el país, pero una oportunidad para el patrimonio propio. Campero y Bongiovanni habitan hoy esa tensión de ser beneficiarios de un Estado que aborrecen. En la Argentina de 2026, la «libertad» parece ser el derecho a tomar deuda barata en el banco que prometiste cerrar, mientras el resto mira el boom inmobiliario desde la vereda de enfrente.
