La aritmética del asfixia
El conflicto entre el oficialismo y la oposición tucumana revela la tensión entre una gestión provincial que sostiene el equilibrio y un centralismo que ajusta por omisión.
El microclima político de este 2026 ha decidido anticipar las facturas de la gestión. El cruce entre el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, y el referente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, no es una mera escaramuza estival; es el síntoma de una fractura expuesta en el federalismo fiscal argentino. Mientras Catalán agita el viejo fantasma del «gasto político» desde la distancia técnica que ofrece una silla en el directorio de YPF, Abad contrapone una contabilidad de trinchera. El ministro no solo defiende una planilla; defiende la supervivencia de un esquema subnacional que, a pesar de las profecías del caos, logró cerrar el último ejercicio con un superávit primario cercano al 2%.
La narrativa del «gasto descontrolado» tropieza con la realidad de un Estado provincial que ha debido internalizar costos ajenos. La revelación de que Tucumán financió con recursos propios la atención sanitaria de los jubilados del PAMI —una competencia netamente federal— desplaza el eje del debate: ¿quién es el verdadero ineficiente? Aquí, la gestión de Osvaldo Jaldo aparece menos como un ejecutor de clientelismo y más como un administrador de urgencias. La caída de los ingresos no obedece a una hipertrofia del empleo público, sino a la retracción de la actividad económica y al desplome de las transferencias nacionales, que le costaron a la provincia más de 435.000 millones de pesos en el último bienio.
Abad introduce una variable que la retórica libertaria suele omitir: el impacto de la política comercial en la recaudación local. Al señalar cómo la apertura indiscriminada de importaciones erosiona al sector textil tucumano, el ministro conecta la macroeconomía porteña con el mostrador de la provincia. La presión fiscal, tantas veces denunciada por la oposición, esconde en Tucumán una política de incentivos con alícuotas cero que busca compensar, precisamente, la falta de una infraestructura nacional que el presupuesto central ha decidido desfinanciar. El equilibrio fiscal tucumano no es, entonces, un milagro inercial, sino el resultado de un Fondo Anticíclico que hoy se estira para cubrir los baches del abandono federal.
El viaje de Abad a Buenos Aires para reclamar una deuda de 95.000 millones de pesos no debe leerse como un pedido de auxilio, sino como una exigencia de cumplimiento contractual. Es el reclamo de una administración que, habiendo hecho los deberes del ajuste interno, se encuentra con que el Estado nacional es el principal moroso del sistema. La paradoja es total: el Gobierno nacional predica la responsabilidad fiscal mientras construye su propio equilibrio sobre el incumplimiento de los compromisos con las provincias. En este escenario, la «soga al cuello» de la que habla Catalán no parece ser un nudo atado en San Miguel de Tucumán, sino uno ajustado desde la Casa Rosada.
Finalmente, la disputa pone de relieve la vigencia de una forma de hacer política que prioriza el territorio sobre el eslogan. Frente a la «comodidad del directorio» que le achaca a su interlocutor, Abad posiciona la gestión provincial como un dique de contención ante una crisis que no fue generada en el Norte. Si Tucumán logró transitar el 2025 bajo la senda del equilibrio, fue a pesar de la macroeconomía nacional y no gracias a ella. El debate de fondo no es por el tamaño del Estado, sino por el destino de los recursos en un país donde el federalismo parece haberse convertido en un lujo que el centro ya no está dispuesto a financiar.
