La importacia de las certezas
En una Argentina de intemperie, el pago de los salarios estatales en Tucumán funciona como el último dique de contención de la normalidad.
El orden fiscal no es una categoría del espíritu, sino una forma de la disciplina política. En Tucumán, el ministro Daniel Abad exhibe la planilla de sueldos pagados «en tiempo y forma» como un trofeo de guerra frente a un escenario nacional de soga al cuello. Es la narrativa de la «administración responsable»: un pragmatismo seco que busca blindar la paz social en el sector público, el motor que todavía hace girar los engranajes de una economía provincial que no aguanta sobresaltos.
Sin embargo, detrás de la prolijidad contable asoma la verdadera disputa por el excedente. Para sostener el flujo hacia los trabajadores del Estado sin que la caja estalle, el Gobierno ha decidido mirar hacia donde suele desviarse la vista: las fronteras de los barrios cerrados. No se trata solo de recaudar, sino de un gesto de autoridad frente a los 148 emprendimientos inmobiliarios —entre countries y clubes de campo— que acumulan deudas patrimoniales mientras el resto de la provincia ajusta el cinturón.
El envío de notificaciones a más de 4.000 CUIT de sectores de alto poder adquisitivo marca un cambio de clima. En la lógica de Abad, la «equidad tributaria» funciona como el combustible necesario para financiar la gobernabilidad. Es la política de la «normalización»: un intento de que el peso del Estado no recaiga exclusivamente sobre los hombros del consumo popular, yendo a buscar la renta en los sectores que, históricamente, han tenido mayor capacidad de lobby y elusión.
Esta avanzada judicial contra la morosidad en los countries es, al mismo tiempo, un mensaje para la interna y para la calle. En un contexto donde la Nación predica el ajuste a ciegas, la Provincia intenta construir una identidad de «planificación seria» que no renuncia a la potestad de cobrarle a quien más tiene. El éxito de esta gestión no se medirá solo por el pago de la nómina salarial, sino por la capacidad real de perforar las burbujas del privilegio para sostener lo público.
Finalmente, Tucumán se enfrenta a su propio espejo: ¿puede un orden fiscal ser sostenible sin una redistribución de la carga impositiva? El anuncio de Abad sugiere que la previsibilidad financiera no es un milagro, sino el resultado de decidir a quién se le exige el cumplimiento del contrato social. El Estado provincial apuesta a que la justicia distributiva empiece, al menos, por el cobro de las tasas que los barrios exclusivos olvidaron abonar.
