El fetiche de la órbita
Milei celebra un microsatélite como un hito, mientras lo que sostiene la soberanía IT es desmantelada.
En la estética de la libertad avanzada, la ciencia solo es válida si cabe en un post de Instagram o si permite un abrazo transatlántico con el mesianismo de Elon Musk. La reciente celebración del microsatélite Atenea —fruto de esa universidad pública que el Ejecutivo cataloga de antro de adoctrinamiento— es el ejemplo perfecto de la esquizofrenia oficial: se aplaude el gol en la tribuna mientras se desmantela el estadio. Para Milei, el Programa Artemis es el tren a la modernidad; para los científicos de la UNSAM y la CONAE, es el último destello de una inercia institucional que hoy sobrevive a pesar del Estado y no gracias a él.
El problema no es el microsatélite, un logro genuino de nuestra capacidad instalada, sino la conversión de la política científica en una vidriera de cosmética espacial. Mientras se festeja una pieza de pocos kilos, proyectos de escala industrial y estratégica son enviados al «veraz» de la desidia. El reactor CAREM, un prototipo de vanguardia que pondría a la Argentina en el selecto club de exportadores de energía limpia, hoy es un esqueleto de hormigón en Lima. Con el 70% ejecutado y una inversión de 650 millones de dólares, el gobierno prefiere la parálisis por sesgo ideológico que el pragmatismo comercial que tanto pregona: terminarlo costaría una fracción de lo que el país podría facturar exportando su diseño.
La motosierra no es un bisturí, es un hacha ciega que golpea el corazón del sistema. El vaciamiento del área de Metrología Legal del INTI es, quizás, el síntoma más perverso de esta retirada. Al renunciar a la potestad de certificar desde un surtidor de nafta hasta un equipo médico, el Estado no solo ahorra centavos, sino que entrega la fe pública al mercado. Sin el INTI como árbitro, la noción de «un kilo» o «un litro» queda a merced de la voluntad del más fuerte. Es la anarquía de las medidas, un retroceso civilizatorio que afecta directamente el bolsillo y la seguridad del ciudadano bajo el disfraz de la desregulación.
En el sector nuclear y satelital, la historia se repite como una farsa administrativa. El Arsat SG-1 (ex Arsat III) sobrevive en un limbo de pagos demorados y sueldos de miseria, mientras el reactor RA-10 corre el riesgo de nacer incompleto. El Gobierno parece dispuesto a terminar el reactor solo para la foto, pero mantiene frenada la planta de radioisótopos que le daría sentido económico. Es la lógica de la soberanía fragmentada: tener la máquina pero no la producción, el satélite pero no los técnicos, el prestigio internacional pero no la autonomía doméstica.
Estamos ante un modelo que desprecia el «saber hacer» nacional si este no se arrodilla ante la narrativa del ajuste. El apoyo al Plan Espacial de Trump, mediante el microsatélite Atenea, funciona como una cortina de humo para ocultar el paisaje calamitoso de un sistema científico quebrado. Al final del día, lo que queda es una paradoja cruel: un país que aspira a llegar a la Luna de la mano de potencias extranjeras, pero que en la Tierra decide apagar sus propios motores para ahorrar el combustible de su futuro.
