La caja vacía de la convivencia
La pretensión de las reformas de Milei asfixia cualquier pacto político antes de nacer.
El gobierno de Javier Milei parece atrapado en una contradicción de hierro: busca votos en las provincias mientras les vacía los bolsillos. La caída del 6,7% en la coparticipación de enero no es un dato técnico, es un mensaje político de desamparo para los gobernadores. En este escenario, la misión de Diego Santilli de seducir a las jurisdicciones con una reforma laboral que incluye rebajas impositivas se asemeja más a una invitación al sacrificio que a un acuerdo de gobernabilidad.
El nudo del conflicto reside en la intransigencia de Luis Caputo. El ministro de Economía, obsesionado con un superávit fiscal que hoy solo respira gracias al ajuste, se niega a retirar la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas. Es la paradoja del «derrame» forzado: se le pide a las provincias que financien, vía pérdida de recursos coparticipables, un incentivo a la inversión privada que nadie garantiza. Para los gobernadores, aceptar esto no es pragmatismo, es insolvencia programada.
La realidad de los números de enero es demoledora. La recaudación del IVA —termómetro del consumo popular— se desplomó un 12%, confirmando que la recesión no es un «trago amargo» pasajero sino el estado natural del modelo. Mientras el Monotributo y otros regímenes menores muestran subas marginales, el corazón de la transferencia automática se marchita, dejando a este enero como el segundo peor registro desde 2017, apenas un escalón por encima del abismo de 2024.
Caputo sostiene que la fase del «hachazo» al gasto terminó y que ahora el superávit debe sostenerse con crecimiento. Pero el crecimiento no se decreta por planilla de Excel mientras se retrae la masa salarial y se asfixia el consumo. La insistencia en tocar Ganancias es el punto de quiebre; es el impuesto que todos necesitan y que nadie quiere ceder, especialmente cuando las provincias ya han perdido casi un 7% de poder de fuego en el primer mes del año.
Sin recursos para las provincias, la política se vuelve un ejercicio de resistencia. El gobierno nacional intenta imponer una modernización laboral sobre un mapa de estados subnacionales que apenas logran pagar sueldos. Si la Casa Rosada no comprende que el federalismo argentino es, ante todo, un pacto fiscal de supervivencia, la reforma laboral será apenas otro capítulo en la bitácora de los proyectos que nacieron muertos por la soberbia de la caja central.
