La tierra baldía
El fuego en la Patagonia no es un accidente climático sino el último pliegue de una entrega territorial planificada.
La Argentina de 2026 arde bajo una doble combustión: la de las lenguas de fuego que devoran el bosque nativo y la de una ingeniería jurídica diseñada para el despojo. Lo que el sentido común biempensante cataloga como «desastre natural» es, en rigor, un dispositivo de limpieza de terreno. Primero llega el fósforo, luego la ceniza y finalmente el pavimento o la madera de exportación. No hay azar en el humo. Existe una correlación estética y material entre el avance de las llamas en Chubut y la voracidad con la que el capital transnacional —asistido por una red de «humanoides cipayos» locales— reclama la propiedad de lo que debería ser inalienable.
El escenario actual es la consumación de un modelo de «extranjerización por omisión». Mientras los productores locales lloran sobre los escombros de una vida de trabajo, el gobierno de Javier Milei ensaya un cinismo administrativo: la derogación de la Ley de Tierras (26.737). El argumento oficial, que sostiene que los límites de posesión extranjera están bajo control, choca de frente con la cartografía del desprecio que traza el Observatorio de Tierras. Departamentos como Lácar o General Lamadrid ya operan como enclaves donde la soberanía argentina es una ficción cartográfica, superando el 50% de titularidad foránea en un mapa que se fragmenta al mejor postor.
La farsa se completa con la criminalización de los pueblos originarios, chivos expiatorios de una narrativa que busca ocultar al verdadero pirómano: el holding. Los Estados Unidos, Italia y España lideran un ranking de propietarios que no buscan paisajes, sino recursos estratégicos. Desde el acuífero hasta el corredor logístico, la tierra argentina se ha convertido en un activo financiero más. Enclaves como Campana o Zárate, con niveles de extranjerización que rondan el 30%, demuestran que el problema no es solo la inmensidad patagónica, sino la proximidad estratégica de los nudos productivos del país.
Este proceso de «limpieza» territorial mediante el incendio intencional permite saltear las regulaciones ambientales. Una vez que el bosque desaparece, la categoría de protección se diluye, facilitando la construcción de hoteles de lujo o carreteras privadas. Es el «crimen perfecto» de la posmodernidad extractiva: el fuego borra la evidencia del patrimonio natural para que la burocracia termine de firmar la escritura. La impunidad no es una falla del sistema; es el sistema mismo operando a favor de los 13 millones de hectáreas que ya no nos pertenecen.
La entrega de Tierra del Fuego y el asedio a la Ley de Tierras son las dos caras de una misma moneda devaluada. Un Estado que renuncia a regular quién habita y quién explota su suelo es un Estado que ha decidido suicidarse en nombre del mercado. La lucha de los brigadistas y campesinos en el Sur es, en última instancia, la resistencia de un país que se niega a ser una simple anotación contable en los libros de un fondo de inversión extranjero. Si la política no recupera su capacidad de decir «no», el futuro argentino será una llanura de cenizas titulada en dólares.
