Todo tiene su precio
El pacto de gobernabilidad nacional se negocia en los términos de una coparticipación herida.
En el laboratorio político del oficialismo, la gestión de la «ley» ha pasado de la retórica del shock a la contabilidad de almacenero. La gira de Diego Santilli por las provincias no busca solo adhesiones ideológicas a la reforma laboral, sino que intenta administrar una tensión insalvable: cómo pedirle a los gobernadores que levanten la mano en el Senado mientras el Impuesto a las Ganancias —corazón del goteo coparticipable— se desangra en una nueva escala de beneficios corporativos. La reforma que el Gobierno presenta como un salto hacia la modernidad es, para los caciques provinciales, una amenaza directa a su capacidad de pagar sueldos y bachear rutas en un 2026 que no admite más sequía fiscal.
El frente Provincias Unidas, ese archipiélago de mandatarios que oscila entre la necesidad de auxilio nacional y la supervivencia local, ha comenzado a «marcar la cancha» con la elegancia de quien sabe que tiene la llave del quórum. Juan Pablo Valdés, desde una Corrientes bajo el agua, sintetiza la encrucijada: el respaldo no será «a libro cerrado» si la contrapartida es un reajuste que vulnera derechos y, sobre todo, si la coparticipación sigue en caída libre. Para los gobernadores, la reforma laboral es un envoltorio atractivo, pero el contenido que realmente miran es la letra chica tributaria que les restaría, según cálculos del peronismo, más de 1,7 billones de pesos el próximo año.
La estrategia de dividir para reinar encuentra su límite en el eje Córdoba-Santa Fe. Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, herederos de una tradición productivista que desconfía del centralismo porteño, se muestran «escurridizos». No es solo una cuestión de principios; es una deuda previsional que Nación utiliza como soga y los gobernadores como escudo. En el interior profundo, la reforma no se discute en términos de «flexibilidad», sino de impacto en el consumo regional y de sostenibilidad de unas arcas públicas vilipendiadas por la recesión. Si no hay una discusión «seria» sobre los recursos, el oficialismo descubrirá que la voluntad de los «dialoguistas» tiene el mismo vencimiento que sus depósitos bancarios.
Por el otro lado, el veto a figuras como Kicillof o Quintela radicaliza la negociación, dejando a la Casa Rosada en una dependencia absoluta de los «peronistas díscolos» y los provincialismos del norte. Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo aparecen nuevamente como las piezas de recambio necesarias, pero incluso allí el clima es de cautela. La propuesta de bajar las tasas a las sociedades del 35% al 31,5% puede sonar a música para los oídos del mercado, pero para un gobernador de Misiones o Catamarca representa menos fondos para hospitales en un contexto donde el Estado Nacional ha decidido retirarse de casi todas sus funciones territoriales.
El desenlace de esta pulseada definirá el carácter de la segunda mitad del mandato de Milei. O el Gobierno acepta que la reforma laboral debe ser el resultado de un consenso que incluya la reparación fiscal de las provincias, o se arriesga a un naufragio parlamentario que deje expuesta su debilidad de origen. La política argentina ha vuelto a su estado natural: una disputa por la caja donde los grandes principios suelen rendirse ante la urgencia de la planilla Excel. Santilli camina el país con un proyecto bajo el brazo, pero los gobernadores lo esperan con una calculadora en la mano.
