Tucumán o la intemperie
Ante el retiro del Estado nacional, Osvaldo Jaldo ensaya un pragmatismo de supervivencia basado en la caja propia.
El gobernador Osvaldo Jaldo acaba de formalizar lo que en el resto del interior todavía es un murmullo de pasillo: la orfandad periférica. Su conferencia de prensa no fue un anuncio de gestión, sino un parte de guerra fiscal donde la provincia asume, con resignación de heredero forzoso, las esquirlas del ajuste nacional. Al provincializar obras como el acueducto de Vipos o el complejo penitenciario de Benjamín Paz, Tucumán clausura la era de la coparticipación virtuosa para entrar en la del «sálvese quien pueda» con presupuesto propio.
Esta mutación del federalismo, que pasa de la planificación compartida al traspaso de deudas, obliga a Jaldo a un equilibrio de funambulista entre la Casa Rosada y la paz social del jardín. No hay épica en terminar escuelas que la Nación abandonó; hay, más bien, una pulsión conservadora por evitar el estallido. El «poner las cosas blanco sobre negro» que lanzó el mandatario funciona como un código para su propia tropa y para una sociedad que empieza a naturalizar que lo que antes era un derecho federal, hoy es una concesión del tesoro local.
El esquema de prioridades que trazó el Ejecutivo tucumano —sueldos, seguridad y salud— revela la verdadera fisonomía del Estado en tiempos de motosierra: un organismo reducido a sus funciones biológicas básicas. Cuando Jaldo destaca el pago de salarios en tiempo y forma como un logro de infraestructura, está admitiendo que la política hoy se mide en capacidad de contención y no en transformación. La inversión en armas y municiones para la policía no es un accesorio, sino el reverso necesario de un plan económico que retira el financiamiento a la vivienda (Procrear) y lo traslada al control del territorio.
Tucumán se convierte así en un laboratorio del «neoprovincialismo» de la era Milei. Un modelo donde los gobernadores ya no viajan a Buenos Aires a buscar grandes proyectos, sino a mendigar la transferencia de las obras paralizadas para que no se conviertan en monumentos al abandono. Es el fin del intermediario político tal como lo conocíamos; ahora el gobernador es un administrador de la escasez que debe elegir entre terminar una escuela o equipar una comisaría, bajo la atenta mirada de una disponibilidad financiera que ya no admite errores.
Finalmente, este repliegue sobre los recursos propios marca el pulso de una Argentina fragmentada, donde la calidad de vida del ciudadano depende exclusivamente de la salud de la caja de su provincia. Jaldo entendió rápido que, en este nuevo ecosistema, la supervivencia no se negocia en los despachos porteños, sino en el orden cerrado de las cuentas locales. El «modelo Tucumán» que asoma es, en definitiva, el rostro de un país que ha decidido que cada jurisdicción deba aprender a respirar con pulmón artificial.
