El orden no se negocia
La determinación de Osvaldo Jaldo de aplicar el rigor legal frente a las amenazas escolares devuelve al Estado su función primaria: proteger la paz social por encima del caos.
La proliferación de amenazas de tiroteos en las escuelas tucumanas ha dejado de ser un tema de «conducta escolar» para convertirse en un problema de seguridad pública. El gobernador Osvaldo Jaldo ha entendido, con el pragmatismo que lo caracteriza, que la paciencia institucional tiene un límite cuando lo que está en juego es el pánico de miles de familias. El Decreto 772/7 no es un exceso, sino una respuesta proporcional a una psicosis que paraliza la vida educativa. Al llamar a las cosas por su nombre —el anuncio de un tiroteo es un delito, no una travesura—, el Gobierno rompe con años de una corrección política que, bajo el ala de la «contención», terminó por desamparar a quienes sí cumplen con la norma.
El planteo del Ejecutivo provincial ataca la raíz de la anomia: la falta de responsabilidad. Al involucrar directamente a los padres y advertir sobre la quita de subsidios a instituciones que no controlen sus espacios, se reconstruye una cadena de mando y cuidado que estaba rota. No se puede pedir al Estado que sea el único guardián mientras los entornos privados y pedagógicos hacen la «vista gorda». La firmeza de Jaldo frente a los gabinetes interdisciplinarios que «no están funcionando» es un baño de realidad; la pedagogía es fundamental, pero no puede ser el escudo detrás del cual se esconda la impunidad de quien decide aterrorizar a una comunidad.
La derivación de los responsables al Instituto Padre Brochero y la judicialización de los casos de menores que confiesan —como el episodio reciente en Yerba Buena— envían un mensaje disuasorio indispensable. En un contexto donde la violencia se viraliza con la misma velocidad que el miedo, la ausencia de consecuencias es el mayor combustible para la repetición. La autoridad estatal no se ejerce para castigar por placer, sino para delimitar el campo de lo tolerable. Quien dibuja un arma y promete una masacre en el baño de una escuela debe saber, antes de apoyar el marcador en la pared, que el sistema responderá con todo su peso.
La presencia policial en los establecimientos de mayor riesgo es, en última instancia, un acto de presencia soberana. En tiempos donde el Estado suele ser percibido como una entidad abstracta y lenta, la imagen de la seguridad custodiando el ingreso a las aulas devuelve una sensación de orden necesaria para el aprendizaje. No hay educación posible en un clima de zozobra constante. El gobernador no busca militarizar la enseñanza, sino desmilitarizar la amenaza, sacando el miedo de la mochila de los alumnos que solo quieren estudiar.
Finalmente, la advertencia a los docentes sobre la complicidad por omisión cierra el círculo de la responsabilidad colectiva. Tucumán decide dejar de ser espectadora de una tendencia global peligrosa para ser protagonista de su propia solución. La decisión política de Jaldo es un recordatorio de que los derechos individuales terminan donde comienza el pánico del otro, y que el primer derecho de un estudiante es, sencillamente, poder ir a clases sin miedo a no volver.
