El barro y la política de proximidad
Frente a la fragilidad hídrica del sur, el oficialismo tucumano refuerza la gestión territorial como antídoto a la intemperie social.
En política, la presencia no se declama, se ejerce. La reciente actividad en La Madrid no es solo una recorrida de funcionarios; es la reafirmación de un contrato social donde el Gobierno de Osvaldo Jaldo asume la responsabilidad primaria de proteger la vida y la producción. Frente a la incertidumbre climática que acecha al sur, la administración provincial ha decidido mudar el centro de gravedad de sus decisiones al lugar de los hechos, transformando la demanda vecinal en un plan de ingeniería hídrica que no admite dilaciones.
La gestión del ministro Marcelo Nazur se aleja de la retórica vacía para centrarse en lo tangible: dragado, encauce y defensas. Al sentar en la misma mesa a los técnicos de la DPA y Vialidad con más de doscientos vecinos, el Estado rompe la inercia de la burocracia y establece un pacto de transparencia. No se trata solo de mover suelo en el río Marapa o rehabilitar accesos; se trata de devolverle la previsibilidad a un pueblo que exige, con derecho, que las obras hídricas en La Cocha y Concepción dejen de ser proyectos para convertirse en barreras reales contra el agua.
Este despliegue técnico sobre la Ruta 157 y el río Marapa evidencia una planificación estratégica que entiende la cuenca como una unidad funcional. Al atacar la acumulación de sedimentos en la desembocadura del dique El Frontal, la provincia no solo está limpiando un río, sino que está optimizando el escurrimiento de toda una región. Es el pragmatismo al servicio del bien común: obras que no se ven a simple vista desde la capital, pero que definen la tranquilidad nocturna de miles de tucumanos cuando empieza a tronar en el cerro.
La figura del gobernador Jaldo aparece aquí como el garante de una política de proximidad. En un contexto nacional donde el Estado central parece retirarse de sus funciones básicas de infraestructura, Tucumán responde con una «escucha activa» que no es otra cosa que la validación política del territorio. La presencia de Defensa Civil y el Ministerio del Interior en el sur no es una foto de campaña, es la articulación de un equipo que comprende que la infraestructura es, ante todo, una herramienta de justicia social y seguridad civil.
Finalmente, lo que se consolida en La Madrid es un modelo de gestión de cercanía que debería servir de espejo. La capacidad de respuesta inmediata ante el daño, sumada a la proyección de obras estructurales como las del río Chirimayo, demuestra que hay un rumbo claro. Cuando el Estado se calza las botas y baja al barro para dialogar con el vecino, la política recupera su sentido más noble: el de ser la solución a los problemas reales, transformando la fragilidad geográfica en fortaleza institucional.
