El Estatuto no es una sugerencia
La impugnación contra Sergio Pagani expone una crisis de legalidad que pone en jaque la transparencia del recambio institucional en la Universidad Nacional de Tucumán.
La presentación formal de la fórmula Cabrera-Abdala ante la Junta Electoral ha transformado lo que era un murmullo de pasillo en una crisis institucional sin precedentes. Al inscribir su candidatura, Sergio Pagani no solo desafía a sus oponentes, sino que fuerza una interpretación del Estatuto que roza lo absurdo. El planteo es jurídico pero el trasfondo es ético: la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) no puede permitirse inaugurar su nueva era normativa con un dirigente que busca un tercer mandato consecutivo, algo que la reforma de 2024 prohibió explícitamente para evitar, justamente, la perpetuación en el poder.
El conflicto se centra en los artículos 17 y 190. La letra es clara para quien quiera leerla: la Asamblea Universitaria decidió poner un límite de dos períodos para las máximas autoridades. Intentar forzar una lectura que ignore el tiempo ya transcurrido de Pagani en el Rectorado es un ejercicio de gimnasia legalista que solo erosiona la credibilidad de la institución. No se trata de una persecución política, sino de la vigencia de la norma; si el estatuto se dobla para beneficio de quien ostenta el poder, la autonomía universitaria se convierte en una cáscara vacía.
Mientras la atención se dispersa en el conteo voto a voto de facultades como Arquitectura —donde la incertidumbre es total—, el verdadero peligro acecha en la oficina de la Junta Electoral. Permitir que la candidatura de Pagani prospere sentaría un precedente nefasto: que las reglas de juego son maleables según el apellido de quien las deba cumplir. La UNT está a menos de dos semanas de definir su rumbo para los próximos cuatro años y lo hace bajo la sombra de una impugnación que desnuda la resistencia de ciertos sectores a aceptar los límites republicanos de la alternancia.
El escenario de los decanatos ya está prácticamente configurado en 12 de las 13 unidades académicas, con figuras que asumirán el 14 de mayo. Sin embargo, este proceso de normalización se ve empañado por la insistencia del oficialismo en sostener una figura cuya legitimidad normativa es, cuanto menos, vidriosa. Un rector que asume bajo la sospecha de violar el estatuto propio nace con una debilidad de origen que ninguna mayoría en la Asamblea Universitaria podrá subsanar.
Finalmente, la Junta Electoral tiene en sus manos mucho más que la resolución de un trámite administrativo. Debe decidir si la reforma estatutaria de 2024 fue un avance real hacia la transparencia o simplemente un decorado para que nada cambie. Si la UNT pretende seguir siendo el faro académico del Norte Grande, debe empezar por respetar su propia ley fundamental. Lo contrario no es política universitaria; es un papelón que avergüenza a la historia de la casa de altos estudios.
