El abuso de poder no es modernización
El veto presidencial a una candidata a jueza expone la contradicción de un relato libertario que recae en las viejas prácticas del patrimonialismo y la venganza política.
El mezquino «affaire Michelli» parece un tropiezo menor en el camino de un gobierno que se autopercibe revolucionario, pero el rechazo de su pliego revela una grieta mucho más profunda. Nada en el proceso indica que la decisión haya obedecido a razones de mérito; todo apunta a una venganza transversal destinada a golpear a la candidata para disciplinar a su cuñado, un periodista incómodo. Confundir la autonomía individual con la pertenencia familiar no tiene nada de vanguardista: es un modus operandi preliberal y predemocrático, ajeno a cualquier idea moderna de libertad.
Bajo la superficie de este episodio emerge la copia local de la doctrina norteamericana del unitary executive, esa premisa que Donald Trump resumió sin filtros: «Como presidente, puedo hacer lo que quiera». El argumento de los exégetas oficiales pretende que la legitimidad del voto popular faculta al líder para arrollar los contrapesos institucionales y disponer a su antojo de jueces, funcionarios y organismos autónomos. Oponer de esta manera la letra fría de la Constitución a su espíritu republicano no es una teoría sofisticada, sino un grosero sincericidio autoritario.
Esta dinámica no representa ninguna novedad para la historia argentina, que encuentra su espejo más nítido en la «democracia delegativa» de los años noventa. El modelo actual reactiva el patrimonialismo clásico del ancien régime, donde las fronteras entre lo público y lo privado se diluyen y el Estado pasa a ser tratado como propiedad personal del Señor. Lejos de la impersonalidad de la ley que prometen los manuales del liberalismo, lo que impera es la arbitrariedad del poder expresada en sus formas más primitivas: el familismo, el amiguismo y la persecución.
Existe hoy una paradoja global donde el desarrollo de tecnologías revolucionarias convive pacíficamente con el retorno de liderazgos arcaicos. El discurso oficial repite que vino a modernizar el país, pero asfixiar los resortes de control independientes —como la prensa, las universidades y la justicia— transita un camino mil veces recorrido por los personalismos del pasado. Al final del día, la verdadera modernización no surge de la prepotencia estatal, sino de la incorporación de la tolerancia y el autocontrol institucional, el único ingrediente capaz de sostener una democracia real.
