El casino de la supervivencia y la timba del plato de comida
Mientras el Gobierno licúa los ingresos, millones de jefas de hogar quedan atrapadas en un circuito de usura digital y deudas afectivas para financiar el derecho a comer.
El modelo económico de Javier Milei transformó el derecho a la supervivencia en un producto financiero de lujo. La morosidad y el sobreendeudamiento ya no representan un dolor de cabeza individual ni un problema técnico de «educación financiera»; son la consecuencia estructural de un sistema que utiliza el hambre como disciplina de mercado. En este escenario de desguace, las mujeres de los sectores populares se llevan la peor parte: la explosión de las billeteras virtuales y las financieras no bancarias expandieron el acceso al crédito, pero solo para convertirlas en las rehenes preferidas de un sistema de asfixia cotidiana.
La trama comenzó a gestarse con la crisis de 2018, pero el desplome de los ingresos reales ejecutado durante 2025 dinamitó cualquier posibilidad de equilibrio familiar. Los datos de la Encuesta Nacional de Endeudamiento y Cuidados ya advertían una verdad incómoda: casi tres de cada cuatro hogares con responsabilidades de cuidado encabezados por mujeres recurren a la deuda para comprar alimentos y medicamentos. La brecha salarial crónica y la carga del trabajo no remunerado las expone a una vulnerabilidad financiera sistémica. Hoy no se saca un préstamo para comprar un electrodoméstico o refaccionar la casa; se toma deuda para pagar la deuda anterior y garantizar la cena.
La perversidad del sistema actual radica en la mutación del acreedor. Al quedar marginadas del circuito bancario tradicional, las jefas de hogar caen en las garras de las fintechs de retención automática o se ven obligadas a acudir a redes informales de familiares y amigos. Este endeudamiento comunitario no solo destruye la autonomía económica, sino que añade una presión psicológica devastadora al entrelazar el dinero con los vínculos afectivos. La deuda, tal como se denunció en el reciente encuentro «Los feminismos contra las deudas», opera como una nueva forma de violencia que destruye la salud mental y desarticula la organización familiar en los barrios más postergados.
Frente a este colapso silencioso que arrastra a más de seis millones de personas —un salto dramático frente a las 500.000 registradas en 2018—, las únicas respuestas provienen del campo nacional y popular. Proyectos como el «Programa de Segunda Oportunidad» de Lucía Cámpora o el «Marco Integral contra el Sobreendeudamiento» impulsado por Natalia Zaracho buscan poner un freno a las ejecuciones, prohibir el acoso de los estudios de cobranza y limitar los manotazos automáticos sobre las cuentas sueldo y asignaciones sociales. Son iniciativas que, junto con los topes a las tasas de refinanciación de tarjetas que plantean Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, asumen que el Estado debe intervenir para rescatar a los consumidores de la usura.
La discusión de fondo que el Congreso debe dar de cara a la sociedad excede las formalidades de los balances contables. Tratar la morosidad como un fracaso personal es el triunfo cultural de un gobierno que se desentiende de sus ciudadanos mientras festeja el superávit fiscal sobre la base del ayuno popular. El endeudamiento es la herramienta que el modelo actual necesita para maquillar la pobreza y privatizar la contención social. Si la política no reacciona con un andamiaje legal de desendeudamiento urgente, la sustentabilidad del mediano plazo estallará por los aires, dejando a una generación entera hipotecada en sus necesidades más básicas.
