El pen drive de Adorni
El vocero presidencial apela a un difuso «milagro cripto» para justificar un impactante salto patrimonial de 918 millones de pesos en apenas dos años.
Manuel Adorni pasó de la carestía de la actividad privada a la opulencia del sector público en tiempo récord, una pirueta financiera que ahora intenta justificar mediante una tardía y sospechosa profesión de fe en las criptomonedas. Al presentar su declaración jurada de 2025 ante la Oficina Anticorrupción, acompañada por tres llamativas rectificaciones de períodos anteriores, el funcionario ensayó una gambeta para justificar un crecimiento patrimonial de más de 918 millones de pesos en dos años. Su argumento central es la supuesta omisión de 500.000 dólares originados en una inversión en bitcoins en 2014, una explicación que colisiona de frente con su propio archivo audiovisual, donde años más tarde confesaba no entender ni confiar en los activos volátiles.
La ingeniería contable presentada busca explicar erogaciones que el fiscal Gerardo Pollicita ya tenía bajo la lupa: gastos y deudas que rozan el millón de dólares, una cifra disonante para quien ingresó a la función pública con un sueldo de tres millones de pesos. Entre los bienes declarados emergen una propiedad en el Country Indio Cuá por 156 millones de pesos y un piso con cochera en Caballito por 255 millones, adquiridos en pleno ejercicio de su cargo. Resulta inverosímil que, de haber poseído semejante liquidez en moneda extranjera, el vocero haya optado por financiarse mediante llamativos créditos con particulares, sembrando dudas sobre por qué estas transacciones no se realizaron cuando operaba exclusivamente en el ámbito privado.
La estrategia detrás de esta confesión de «ahorro en negro» parece responder a una maniobra de control de daños judiciales. Al admitir que ocultó activos digitales, Adorni se autoincrimina en el delito de omisión maliciosa —cuya pena máxima es la inhabilitación pero no contempla prisión— con el aparente objetivo de esquivar una imputación mucho más severa por enriquecimiento ilícito. El recurso de la «billetera virtual» funciona aquí como una cortina de humo técnica, aprovechando la complejidad para rastrear fondos y dilatar los tiempos procesales en los tribunales de Comodoro Py.
Sin embargo, el relato criptográfico se desmorona al cotejar las fechas y las cotizaciones. Mientras el funcionario afirma haber obtenido ganancias extraordinarias tras ingresar al mercado en 2014, los registros de la plataforma Lemon de 2020 lo muestran declarando que su primera experiencia fue en 2017 y que «no estaba muy metido en el tema». Expertos en blockchain ya han advertido que las declaraciones rectificadas confunden conceptos básicos entre bitcoin y monedas estables, señalando además que la tecnología permite a cualquiera adjudicarse la propiedad de una billetera pública alegando el extravío de las claves de acceso.
El «dibujo» contable ha dejado un tendal de dudas que nadie en el Poder Ejecutivo se ha esmerado en disipar, evidenciando un pragmático aislamiento político sobre su figura. El futuro del portavoz queda ahora atado a un largo y sinuoso recorrido en los pasillos de tribunales, donde la pericia del Ministerio Público Fiscal determinará si la fortuna del vocero fue el resultado de una precoz visión financiera o, simplemente, una burda coartada de la vieja política.
