La asfixia de las provincias
El ajuste nacional utiliza la coparticipación como un torniquete financiero para forzar la sumisión política del territorio.
La caída de la coparticipación en este primer tramo de 2026 no es un error de cálculo ni un desvío técnico; es el corazón del programa económico de Milei y Caputo. Al secar la calle y desplomar el consumo, el IVA y Ganancias se evaporan, reduciendo la masa repartible y dejando a los gobernadores frente a un abismo fiscal. No estamos ante un frío balance contable, sino ante una decisión política que utiliza la recesión como herramienta de disciplinamiento: la serpiente se muerde la cola en un ciclo donde menos actividad genera menos recursos, y menos recursos profundizan la parálisis provincial.
En este escenario de escasez planificada, la Casa Rosada ha resucitado el discrecionalismo bajo el ropaje de los «adelantos de coparticipación». Lo que la normativa presenta como un auxilio financiero se transforma, en la práctica, en un contrato de adhesión: el acceso a la liquidez para pagar sueldos hoy depende de la docilidad de los legisladores nacionales mañana. La autonomía federal queda así reducida a una ventanilla de canje donde se intercambian fondos por gobernabilidad, desvirtuando el carácter automático que la Constitución le asigna al reparto de recursos.
El caso de La Pampa emerge como una anomalía de resistencia frente al vendaval. Con cuatro décadas de administración ordenada y endeudamiento cero, la provincia sostiene sus funciones sin mendigar anticipos al poder central, a pesar de que la Nación retiene una deuda de $400.000 millones que le pertenece genuinamente. Sin embargo, esta excepcionalidad pampeana no oculta la fragilidad del sistema; al contrario, resalta la injusticia de un esquema que castiga la solvencia y premia la urgencia del quebrado, siempre que este acepte el corset ideológico del Gobierno Nacional.
El deterioro de la inversión pública y la caída de los salarios reales en las provincias configuran un mapa de Argentina fragmentado, donde el Estado nacional se retira de sus funciones básicas pero retiene la llave del cofre. El federalismo ha dejado de ser un pacto de convivencia para convertirse en un campo de batalla de suma cero, donde el enfriamiento de la economía real funciona como el arma predilecta para erosionar las capacidades de gestión local. La reconstrucción del circuito productivo es, entonces, la única salida para evitar que las provincias se conviertan en meras delegaciones administrativas del ajuste.
Finalmente, la discusión pendiente es profundamente estructural. Si no se recupera el dinamismo del consumo y la inversión, no habrá ingeniería fiscal que alcance para sostener el tejido social. La crisis de la coparticipación es el síntoma de un modelo que desprecia la producción y el territorio en favor de una abstracción financiera. El desafío para el resto del año no es solo técnico, sino esencialmente político: se trata de decidir si el federalismo argentino seguirá siendo un principio rector o apenas un recuerdo nostálgico frente al avance de un centralismo autoritario y fiscalista.
