El riesgo de medir el espanto con la vara de la burocracia
Una nueva movilización del Ni Una Menos expone que la acumulación de leyes alcanza para frenar los femicidios si el sistema judicial sigue actuando como un espectador tardío.
La paradoja de la tolerancia que formuló Karl Popper cobra una vigencia alarmante cada 3 de junio. A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, la discusión ya no pasa por visibilizar la violencia de género, sino por revisar los límites de lo que aceptamos como sociedad. El problema actual no es la falta de herramientas estatales, sino la alarmante naturalización de las señales previas. Toleramos las condiciones que hacen posible el crimen antes de que este se consume, reaccionando colectivamente recién cuando el horror es inevitable y ya no hay vuelta atrás.
Es fundamental entender que la persistencia de este reclamo en las calles no debe transformarse en un ataque político direccionado a la gestión provincial de Tucumán. La marcha no es contra el Gobierno actual; es un llamado de atención urgente hacia las fallas estructurales y transversales del Estado, especialmente del Poder Judicial. Reducir una movilización transversal y humanitaria a una disputa partidaria local solo desvía el foco de lo verdaderamente importante: la necesidad de que las instituciones funcionen con la celeridad que las vidas humanas exigen.
La realidad demuestra que el diseño actual de protección civil y penal está colapsando en su etapa de aplicación. Los casos recientes son sintomáticos: restricciones de acercamiento que no frenan amenazas en Concepción, liberaciones exprés en Córdoba que terminan en tragedias como la de Agostina Vega, o fallos indignantes en el sur del país que transforman abusos graves en condenas de ejecución condicional. El problema no es la ausencia de leyes —que hoy abundan en comparación con la década pasada—, sino la preocupante distancia entre la norma escrita y la seguridad real de las víctimas.
El corazón de la paradoja radica en que hoy existen más fiscalías especializadas, botones antipánico y protocolos que nunca, pero la sensación de desprotección no disminuye. ¿De qué sirve un botón de alerta si la respuesta policial llega tarde o si el agresor ya violó tres perimetrales previas sin consecuencias? Cuando el sistema judicial se limita a acumular expedientes y expedir papeles que los violentos deciden ignorar, la respuesta institucional deja de ser una herramienta de amparo y se convierte en una simulación de justicia.
Cada femicidio que sacude a la opinión pública viene acompañado de una reconstrucción retrospectiva idéntica: denuncias previas, antecedentes ignorados y alertas tempranas que se archivaron. La pregunta central que nos deja este nuevo aniversario es cuánto riesgo está dispuesto a tolerar el sistema antes de intervenir de manera drástica. Seguir tratando como hechos aislados lo que evidentemente responde a un patrón de ineficacia burocrática es la forma más peligrosa de complicidad.
¿Qué reformas prioritarias consideras que debería implementar el Poder Judicial para que las medidas de protección dejen de ser meros trámites de papel y se conviertan en un resguardo efectivo?
