La estrategia del chicaneo no cambia la Constitución
Al rechazar la burda recusación en masa contra los jueces que defienden el presupuesto universitario, la Corte Suprema le puso un límite al intento oficial de gobernar por encima de las leyes.
El intento del Poder Ejecutivo de paralizar la causa por el financiamiento de las universidades públicas mediante una recusación masiva de magistrados no fue más que una maniobra dilatoria burda, destinada al fracaso. Al ratificar al juez de primera instancia Martín Cormick y a los camaristas intervinientes, la Corte Suprema de Justicia no solo desbarató una estrategia procesal desesperada, sino que devolvió el conflicto al terreno del que el Gobierno nunca debió salir: el estricto cumplimiento de la ley y el respeto por las instituciones.
La pretensión oficial de apartar a cualquier juez por el solo hecho de ejercer la docencia universitaria roza el absurdo jurídico. Sostener que un magistrado tiene un «interés personal» en un pleito colectivo por dictar clases o percibir un salario académico demuestra un profundo desconocimiento —o un deliberado desprecio— del principio de juez natural. La resolución del Máximo Tribunal fue categórica: las recusaciones son restrictivas y enseñar en una universidad pública no anula la imparcialidad, sino que honra una tradición histórica de la magistratura argentina.
Detrás de la hojarasca de las chicanas judiciales se esconde la resistencia sistemática del presidente Javier Milei a acatar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El decreto 759/2025, que pretendió congelar la aplicación de la norma bajo la excusa de la falta de fuentes de financiamiento, fue un exceso que el amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) frenó a tiempo. La cautelar vigente obliga al Estado a pagar lo que debe; dilatar ese pago persiguiendo jueces es una irresponsabilidad institucional que afecta directamente a miles de docentes y estudiantes.
La reacción de la Corte no se dio en el vacío. Coincidió con una fuerte presión de la sociedad civil, cristalizada en la carta promovida por Amnistía Internacional con el respaldo de más de 4700 personalidades, académicos y juristas de todas las vertientes. El mensaje que ingresó al expediente fue nítido: la educación pública es una obligación constitucional indelegable. Las clases públicas en la Plaza Lavalle, frente al mismísimo Palacio de Tribunales, sirvieron como recordatorio de que la urgencia de las aulas no puede someterse a los tiempos de la especulación política.
Ganar tiempo no es una política de Estado. El Gobierno debe comprender que las batallas culturales y el dogma del déficit cero tienen un límite infranqueable en la Constitución Nacional. La Corte Suprema ya marcó la cancha: la trampa de recusar en cadena a los juzgadores no exime al Ejecutivo de sus obligaciones financieras ni lo autoriza a desfinanciar el futuro del país.
