El mercado redacta sus propias leyes
Mientras la Casa Rosada maquilla un relato de transparencia institucional, los proyectos enviados al Congreso exponen una alarmante entrega de la agenda pública a las corporaciones.
El cinismo político suele vestirse con el ropaje de la modernidad. Al presentar su paquete de reformas en el Congreso, el oficialismo intentó colgarse la medalla de la transparencia institucional mediante el proyecto de Ley de Lobby, una iniciativa inspirada en el modelo estadounidense que promete construir una democracia «más deliberativa y liberal». Sin embargo, basta correr el velo discursivo para notar que el verdadero espíritu del paquete es el opuesto: los otros tres proyectos que lo acompañan no son más que una capitulación abierta ante las presiones de los grandes grupos económicos, diseñados específicamente para desmantelar la regulación del Estado en favor del lucro privado.
El caso de la Ley de Etiquetado Frontal es quizás el más obsceno por el retroceso sanitario que representa. Sancionada en 2021 con un consenso multipartidario y respaldada hoy por el 90% de los consumidores, la normativa actual obliga a visibilizar los excesos de azúcares y grasas en los alimentos. La propuesta libertaria para derogarla repite, palabra por palabra, los mismos argumentos que la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) militaba en los pasillos del Congreso hace cinco años, bajo la excusa de «no demonizar productos». El lobby alimenticio celebra un texto oficial que prioriza las ganancias corporativas por encima del derecho a la salud y la información de la ciudadanía.
La misma lógica se replica en la propuesta para abordar la ludopatía, un flagelo que destruye a miles de jóvenes en el país. Ignorando un proyecto opositor que ya cuenta con media sanción y amplio debate de especialistas, el Ejecutivo redactó una norma «a la carta» para las plataformas de apuestas online autorizadas. El texto oficialista se limita a restringir la publicidad de los sitios ilegales, pero deja intactos a los gigantes del juego legal, con terminales locales en conocidos empresarios del sector como Daniel Angelici. Se prioriza de este modo la recaudación fiscal y el interés de las Fintech y casinos antes que el diseño de una política pública seria de salud mental y prevención.
En el plano tecnológico, el denominado «Super RIGI» termina de configurar un mapa de entrega absoluta de la soberanía. Este régimen de excepciones impositivas y cambiarias parece redactado en los despachos de Silicon Valley, apuntando de forma directa a magnates como Peter Thiel —fundador de PayPal y Palantir— y Elon Musk. Bajo la promesa de inversiones en inteligencia artificial, el Gobierno vacía el marco regulatorio nacional y pone en bandeja recursos estratégicos clave como el litio y el cobre, facilitando un modelo donde las corporaciones globales administran territorios como si fueran sucursales de sus propias firmas tecnológicas.
Esta agenda parlamentaria no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de un gobierno que ha asumido las prioridades del poder concentrado como propias. Las grandes corporaciones saben detectar la debilidad política y económica, y aprovechan esta coyuntura para «arrancarle» al Estado leyes hechas a la medida de sus intereses, tal como ocurrió previamente con la flexibilización laboral o el recorte de beneficios a los usuarios de zonas frías para compensar a las distribuidoras eléctricas. Si la declamada Ley de Transparencia de la Gestión de Intereses estuviera hoy en vigencia, La Libertad Avanza tendría serias dificultades para explicar por qué sus proyectos se parecen tanto a los borradores de los directivos que manejan los hilos del mercado.
