El bolsillo contra el frío
La Secretaría de Energía convalidó subas en luz y gas para junio que priorizan el margen de las empresas por encima del poder adquisitivo en pleno invierno.
A partir del próximo lunes, las facturas de gas y electricidad volverán a registrar un incremento que expone las prioridades de la actual administración. El aumento del 2,8% en la tarifa de Metrogas adquiere una relevancia particular al quebrar el propio relato oficial: se ubica por encima del 2,6% de la inflación registrada el mes pasado, el parámetro que el Ministerio de Economía solía defender como techo inquebrantable para los precios regulados de la economía.
La letra chica de los cuadros tarifarios publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE) deja al descubierto que el beneficio real del ajuste no busca la sostenibilidad del sistema, sino el blindaje de las corporaciones. El Gobierno autorizó una actualización del Costo Propio de Distribución (CPD) del 4,68% para Edesur y del 4,75% para Edenor, garantizando una recomposición de ingresos para las concesionarias justo en el trimestre de mayor demanda residencial del año.
Este esquema de actualización mensual funciona como un goteo asfixiante sobre los sectores medios, los comercios y las entidades de bien público. Si bien el Ejecutivo sostiene discursivamente la vigencia de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el límite de consumo de 300 kwh para el caso de la electricidad se convierte en una trampa estacional. Con la llegada del frío generalizado, los hogares que excedan ese tope perderán la bonificación de forma automática y pasarán a abonar una tarifa plena con cargos variables que ya superan los 145 pesos por kwh.
La aceleración en el recorte de las transferencias estatales responde a la urgencia de sostener el superávit financiero a cualquier costo. De acuerdo con el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los subsidios económicos representaron el 0,16% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre, concentrando el sector eléctrico las tres cuartas partes de ese gasto. La reducción de este porcentaje explica la decisión política de transferir el peso del ajuste directamente a los usuarios.
La estrategia oficial de enmascarar el impacto real mediante subas mensuales de apariencia marginal se agota ante la realidad climática. Al indexar los servicios esenciales por encima de la dinámica de los salarios, el Estado desprotege a los consumidores en el momento de mayor vulnerabilidad del año, transformando la política fiscal en una herramienta de transferencia de recursos que castiga el bienestar básico de la población.
