Cuando el poder se encierra
El Gobierno Nacional confunde la seguridad nacional con la impunidad del monólogo del presidente Milei.
La decisión del Ejecutivo nacional de barrer con las acreditaciones periodísticas en la Casa Rosada bajo la excusa de un «espionaje fantasma» no es una medida de seguridad: es una confesión de debilidad. Un Gobierno que necesita sellar sus puertas y filtrar quién entra y quién sale de la sala de prensa es un Gobierno que ha perdido la capacidad de dar explicaciones. Transformar el acceso a la información en un privilegio administrado a dedo por la Secretaría de Medios no es solo un atropello a los trabajadores; es un atentado directo contra el derecho de la ciudadanía a saber qué se cocina en el corazón del Estado.
Desde 1983, el pacto democrático argentino estableció que el despacho presidencial no es un búnker privado, sino la oficina del principal servidor público del país. Al romper esa tradición, la gestión de Javier Milei se desliza por una pendiente autoritaria que huele a siglo pasado. Resulta cínico invocar «operaciones de inteligencia» para justificar el cierre de un espacio que, por definición, debe ser el más transparente de la República. Lo que realmente se está ejecutando es una operación de silencio forzado, donde la única voz autorizada es la que emana de las redes sociales oficiales, sin el estorbo de la repregunta incómoda.
La postura del gobernador Osvaldo Jaldo, en este sentido, pone de relieve una obviedad que el Gobierno nacional parece haber olvidado: en democracia, la prensa no es un enemigo infiltrado, es el nervio que conecta al poder con la realidad. Mientras en Buenos Aires se apuestan centinelas para impedir el ingreso de cronistas, en el interior se reivindica la conferencia de prensa como un ejercicio de salud institucional. Esa asimetría es reveladora. No hay seguridad nacional que valga si para protegerla hay que sacrificar la libertad de expresión, que es la base sobre la que se asienta todo lo demás.
Este diario no puede sino repudiar un hecho que nos retrotrae a las épocas más oscuras de nuestra historia. El intento de «re-empadronar» periodistas bajo criterios arbitrarios es, en la práctica, una lista negra encubierta. Quien decide quién es periodista y quién no desde un despacho oficial está estableciendo una censura previa de baja intensidad pero de alto impacto. La solidaridad con los colegas acreditados no es solo un gesto corporativo; es la defensa de una frontera que, una vez cruzada, es muy difícil de reconstruir: la frontera entre la información y la propaganda.
El silencio que pretende imponer la Casa Rosada es un ruido ensordecedor para la salud republicana. Un presidente que solo habla con quienes lo aplauden y que cierra la puerta a quienes lo interpelan está construyendo una realidad paralela. Advertimos con gravedad: el cierre de una sala de prensa es siempre el prólogo de cierres mucho más profundos y peligrosos. La verdad no necesita escoltas ni cerrojos; solo necesita libertad.
