La eterna disputa
El Gobierno abraza el histrionismo y la desmesura verbal para obturar cualquier debate público sobre la gestión.
El cine se instaló en el centro de la escena política con una estética que mezcla el revival trumpista y el épico de videoclub. La puesta en escena de Javier Milei, musicalizada con la banda sonora de Rocky para escoltar un informe de gestión, no es solo un recurso de redes sociales; es la declaración de un Estado que se autopercibe en guerra permanente. Al entrar al Congreso no como un administrador que rinde cuentas, sino como un púgil que busca el nocaut, el Presidente transforma la institucionalidad en un cuadrilátero donde la palabra del otro no es una diferencia, sino una agresión que merece ser aniquilada.
La desmesura discursiva alcanzó niveles de saturación histórica cuando el mandatario acusó a la prensa de «chorra» y a la oposición de «asesina». Al invocar los 150 millones de muertos del estalinismo para impugnar a legisladores del presente, Milei recurre a un anacronismo que vacía de sentido la discusión local. Esa falta de proporciones no es un error de cálculo, sino una estrategia: el uso de etiquetas globales y pesadas busca degradar al interlocutor hasta convertirlo en un enemigo existencial, haciendo que cualquier debate sobre la inflación o la obra pública parezca una trivialidad frente a la «lucha contra el mal».
El ataque sistemático a la libertad de expresión se sostiene hoy sobre un agravio personal elevado a categoría de doctrina de Estado. Milei justifica su fobia a la crítica periodística escudándose en los comentarios sobre su vida privada o sus afectos, generalizando el comportamiento de sectores marginales a todo el cuerpo de la prensa profesional. Es una falacia de composición peligrosa: bajo el argumento de que «alguien fue injusto conmigo», se pretende clausurar el derecho de la sociedad a ser informada de manera crítica, igualando al analista riguroso con el agitador de redes.
Esta deriva autoritaria en las formas produce un desgaste que excede la figura presidencial y termina por erosionar la calidad democrática del país. Cuando el lenguaje oficial se reduce a un inventario de insultos —corruptos, ineficientes, gente que merece quebrar—, se clausura la posibilidad de un entendimiento mínimo sobre las prioridades nacionales. La Argentina queda atrapada en una narrativa de odio donde el «triste debate» reemplaza a la política, y donde la gestión parece ser apenas un trámite molesto que interrumpe la verdadera pasión del Gobierno: la confrontación total.
La pregunta que queda flotando entre los ecos de Rocky y los gritos en el recinto es qué quedará cuando las luces del espectáculo se apaguen. Gobernar una nación de geografía compleja y problemas estructurales requiere de algo más que guantes de boxeo y analogías de la Guerra Fría. Si el sentido de la proporción se pierde definitivamente, el riesgo no es solo el aislamiento del Presidente, sino la fragmentación de una sociedad que ya no encuentra un lenguaje común para tramitar sus angustias más básicas.
