El riesgo de gobernar sin tolerar el disenso

La progresiva degradación del lenguaje presidencial y el señalamiento a las voces críticas plantean un escenario de fragilidad institucional que trasciende la gestión económica.

La administración de Javier Milei ha ingresado en un terreno peligroso donde la palabra «golpe» se vacía de contenido histórico para transformarse en un comodín retórico ante cualquier cuestionamiento. Un golpe de Estado implica una ruptura violenta del orden democrático, no una tensión parlamentaria ni una columna de opinión; banalizar este concepto no solo confunde a la ciudadanía, sino que erosiona la gravedad de nuestra memoria institucional.

El ataque reciente a la periodista Débora Plager, tildada de «cómplice de genocidio» por su postura sobre el aborto, es una muestra del deterioro del discurso oficial. En el universo del Ejecutivo, el que piensa distinto no incurre en un error de juicio, sino en una degradación moral. Esta lógica binaria —donde el crítico es un corrupto o un enemigo— busca consolidar una base militante a costa de destruir los puentes básicos de convivencia política.

Resulta igualmente inquietante la intención presidencial de exigir declaraciones juradas a ciudadanos privados bajo la pretensión de transparencia. Confundir el escrutinio que debe pesar sobre un funcionario con la fiscalización de un periodista o un comunicador es un síntoma de autoritarismo. La solución ante la falta de ética en ciertos sectores no puede ser el uso del aparato simbólico del Estado para intimidar o disciplinar voces disonantes.

Aunque este estilo personalista y confrontativo no es una novedad en la historia argentina, su profundización actual bajo la etiqueta de la «batalla cultural» tiene costos evidentes. Las democracias no suelen desmoronarse en un solo acto, sino a través de un goteo constante de deslegitimación hacia el adversario, la prensa y la Justicia. El éxito en los mercados financieros no compensa, en el largo plazo, el debilitamiento de la calidad democrática.

Cuando el poder comienza a interpretar el disenso como una amenaza existencial, la salud de las instituciones entra en una zona de riesgo. La Argentina ya conoce las consecuencias del mesianismo y la agresividad desde la cima del Estado. La discusión más urgente hoy no es solo el índice de inflación, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestro tejido democrático en nombre de una supuesta verdad absoluta.