La democracia sin exámen
Detrás de la cruzada por la austeridad fiscal, la reforma electoral del oficialismo esconde una preocupante cláusula de silencio que pretende apagar la máxima instancia de control ciudadano sobre los candidatos.
El debate sobre la reforma electoral enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso quedó atrapado en los grandes titulares de siempre: la eliminación de las PASO, las nuevas reglas para el financiamiento privado y la demorada implementación de la ficha limpia. Sin embargo, el texto esconde una omisión deliberada y de una gravedad institucional inusitada que ha pasado casi inadvertida para la opinión pública. Entre sus artículos, el Gobierno nacional incluyó la derogación lisa y llana de la obligatoriedad de los debates presidenciales, una conquista democrática fundamental que sirvió de examen público para los candidatos en las últimas elecciones del país.
Resulta llamativo que los fundamentos del proyecto oficialista no dediquen una sola línea a justificar por qué se pretende cancelar el derecho de la ciudadanía a ver discutir a los aspirantes a la presidencia en igualdad de condiciones. A diferencia de las críticas presupuestarias dirigidas a las primarias obligatorias, el argumento del costo económico aquí no se sostiene, ya que la producción y televisación de estos eventos representan una cifra insignificante dentro del erario público. El verdadero problema es conceptual, ya que una reforma de las reglas políticas debe apuntar siempre a mejorar la calidad de la representación y fortalecer las instituciones, nunca a recortar los espacios de libre circulación de información bajo la excusa de equilibrar las cuentas del Estado.
Las campañas electorales constituyen el momento más genuinamente democrático de un país, el único período en el que quienes detentan el poder y quienes aspiran a él deben volcar toda su atención hacia el ciudadano común. En este esquema, el debate televisado representa el punto cúlmine del proceso y dista mucho de ser un espectáculo de consumo superfluo. Ejemplos históricos como el histórico cruce entre Mauricio Macri y Daniel Scioli en 2015, que llegó a registrar picos de rating televisivo superiores a los de una final del mundo de fútbol, demuestran que la sociedad no solo demanda estos espacios, sino que se apropia de ellos con un interés masivo.
En la actualidad, unas 85 naciones alrededor del mundo han institucionalizado esta práctica por su valor pedagógico y cívico único. En un contexto global saturado de noticias falsas y discursos polarizados devaluados, asistir a una discusión en vivo permite a los electores contrastar propuestas e ideas complejas que las redes sociales tienden a simplificar. Lejos de haber quedado obsoletos, los debates presidenciales se han potenciado gracias a la tecnología, transformando las pantallas secundarias en foros donde la sociedad civil opina, argumenta y, fundamentalmente, ejerce un control directo sobre la clase dirigente antes de emitir su voto.
La Argentina fue uno de los últimos países de la región en incorporar por ley esta obligación a partir del año 2016, tras un esfuerzo histórico de organizaciones de la sociedad civil que la Justicia Electoral instrumentó con solvencia y transparencia. Retroceder ahora hacia un sistema donde el debate quede sujeto a la conveniencia o al capricho de los equipos de campaña es un síntoma de debilidad democrática que el Parlamento no debería convalidar. Suprimir la máxima instancia de interpelación pública obligatoria en nombre del orden fiscal solo beneficia a quienes prefieren el monólogo de las plataformas digitales a la incomodidad de dar respuestas de cara a la sociedad.
