Se pinchó el globo
El sorpresivo desvío fiscal de abril obligó a un recorte de emergencia que expone las tensiones internas y los límites del dogma económico oficial.
La infalibilidad del dogma económico de Javier Milei encontró en abril su primer escollo contable. La regla de hierro que el propio oficialismo se autoimpuso —aquella que dicta que ante cada caída de ingresos corresponde un tijeretazo idéntico en las erogaciones— quedó suspendida. Por primera vez en la gestión libertaria, los ingresos del Sector Público Nacional retrocedieron un 2,1% mientras que el gasto primario se expandió un 1,6% real interanual. El desajuste no pasó desapercibido para el mercado: la famosa «reglita» fiscal se tomó un descanso y encendió las alarmas en el Palacio de Hacienda.
Este bache en la disciplina fiscal explica el violento manotazo de ahogado que el ministro Luis Caputo ejecutó la semana pasada mediante una reestructuración presupuestaria de $2,5 billones. Para corregir la trayectoria declinante del superávit, el Ejecutivo avanzó con una poda feroz sobre 211 programas gubernamentales, afectando de manera directa a partidas sensibles como la salud pública. La urgencia por mostrar solvencia ante los mercados financieros terminó primando, una vez más, sobre el impacto social de las medidas.
La trastienda de este recorte masivo desnudó, además, una preocupante concentración del poder de decisión y un cortocircuito político en el corazón del gabinete. Caputo había solicitado formalmente a sus pares un plan de contingencia con reducciones del 2% en gasto primario y del 20% en capital. Sin embargo, los borradores ministeriales terminaron en el canasto de basura: la tijera se aplicó de forma unilateral, dejando al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, prácticamente desarmado y sin fondos clave como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), su principal moneda de cambio para negociar con las provincias.
El detalle de la dinámica de abril que encendió las alertas revela un comportamiento dual y contradictorio del gasto. Mientras el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detectó subas reales desmesuradas en energía (150,2%) y en el gasto de capital de la Nación (76%), el ajuste se siguió sosteniendo sobre áreas asfixiadas. El ahogo financiero continuó ensañándose con las transferencias corrientes a las provincias —que se desplomaron un 54,1%— y el presupuesto de las universidades públicas, que sufrió un recorte real del 48,9%.
El superávit fiscal es el tótem sagrado de la administración actual, pero el episodio de abril demuestra que mantenerlo exige una ingeniería cada vez más agresiva, centralizada y costosa en términos políticos. Cuando las cuentas no cierran de manera natural por la recesión, la respuesta oficial es más discrecionalidad y menos federalismo. La pregunta que queda flotando es cuánto margen de gobernabilidad le queda a una gestión que, para sostener la mística de sus números, prefiere vaciar las herramientas de negociación de sus propios ministros.
